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//11 de Septiembre, 2009 |
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invitado a las 16:45, en
Politica Nacional |
 *escribe Víctor Ego Ducrot El gobierno argentino trabaja para que el Congreso convierta en ley su proyecto sobre servicios de comunicación audiovisual, en reemplazo de la norma de la dictadura. El enemigo contraataca.
¿Viejos centuriones romanos? ¿Paramilitares de la palabra? ¿Terroristas de la imagen? Ya tienen su general o mariscal de campo. Se llama Grupo Clarín y está dispuesto a todo, si acaso a la guerra sucia, para impedir que de una vez por todas los argentinos cuenten con un marco jurídico pluralista y antimonopólico, que regule lo que es de patrimonio público –las frecuencias de radio y televisión- y garantice el derecho de los individuos y de la sociedad a informar y estar informados.
En sus puntos sobresalientes, el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado al Congreso esta semana por el Poder Ejecutivo, propone lo siguiente.
Darle nuevo marco legal al sector, hasta ahora regido regidos por la ley 22.285, heredada de la dictadura militar. La iniciativa apunta a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios e impulsa la creación de nuevos.
Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, pone límites a la concentración, fijados por cantidad de licencias y por tipo de medio.
Sólo se podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital.
Hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24). Hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda.
Quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.
Las licencias durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.
Las licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –la digitalización– un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
Los responsables de los medios deberán mantener una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario.
Para ser titular de una licencia se evaluarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto.
El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Hasta ahora sólo se preveía a Canal 7 como empresa comercial.)
Se creará la sociedad de Estado Radio y Televisión Argentina, que tendrá a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado.
Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones. Ya no tendrán obligación de constituir sociedades comerciales.
La televisión abierta y el cable deberán emitir cine nacional. Como mínimo tendrán que difundir en estreno televisivo seis películas al año.
Podrán “optar por incluir en la misma cantidad, hasta dos telefilms, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes”.
Se le exigirá a la TV además que el 60 por ciento de su producción sea nacional.
Las radios deberán emitir un mínimo de setenta por ciento de producción nacional. Por lo menos el treinta por ciento de la música deberá ser de autores o intérpretes argentinos.
Los derechos exclusivos de transmisión del fútbol no deberán perjudicar el derecho de los ciudadanos a seguir los partidos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional. Para esto, la Secretaría de Medios de Comunicación realizará un listado anual de los acontecimientos deportivos de interés general, que serán de acceso universal.
Los criterios para elaborar el listado serán tres: “Que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión abierta, que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión y que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.
El tiempo de publicidad en la televisión paga estará reglamentado.
Habrá medidas parafiscales para desalentar la inversión de publicidad en el exterior del país, tales como hacen otros estados como Canadá. Por ejemplo, no se permitirá deducir del impuesto a las ganancias lo invertido en publicidad en el extranjero.
Las entidades sin fines de lucro podrán tener licencias de radiodifusión (la ley de la dictadura sólo concebía a la radiodifusión como una actividad comercial. En el año 2005 el Congreso permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias, pero con restricciones). La nueva ley reservará el 33 por ciento del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro.
Se promoverá la regularización de los medios comunitarios.
En relación con el triple play (la posibilidad de dar los servicios de Internet, teléfono y cable en un mismo soporte), las empresas telefónicas podrán hacerlo cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos demostrar que el 70 por ciento de su capital es de origen argentino.
El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la Legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría, y representantes del Poder Ejecutivo nacional.
El Proyecto establece un año de plazo para que las empresas se adecuen a la nueva legislación.
La iniciativa gubernamental ingresó al Congreso el jueves de la semana pasada. El Grupo Clarín puso a todos sus medios y “periodistas estrellas” en la primera línea de combate contra el gobierno nacional. A minutos de conocerse la decisión oficial de llevar la cuestión al congreso, en su título central de portada, el diario calificó a la iniciativa de proyecto de “control de medios”, fijando así las bases discursivos de su ofensiva.
A partir de ese momento, las páginas impresas y electrónicas de Clarín, las pantallas de los canales TV 13 (de aire) y TN (de noticias por cable) y los micrófonos de Mitre (radio), como así también su red de medios diseminados por el todo el país, cumplieron la orden al pie de la letra y a todos les falto espacios y tiempos para criticar, denunciar, fustigar y descalificar al gobierno, respecto del tema que fuere.
El jueves último, mientras la comisión especializada de la Cámara de Diputados comenzaba la discusión pendiente desde hace casi 30 años, el Grupo Clarín emitió un duro comunicado antigubernamental –acusando al Ejecutivo de “ilegal”- debido a que el órgano competente del Estado (el COMFER) rechazó por monopólico el acuerdo de fusión entre las empresas de TV por cable Multicanal y Cablevisión, un intento del propio Grupo Clarín de adueñarse del segmento mayoritario del mercado.
En varios de su estudios difundidos durante los últimos 12 meses, el Observatorio de Medios de Argentina (ver elobservatoriodemediosdeargentina.blogspot.com y www.pecyp.com.ar) alertaron sobre las técnicas utilizadas por el Grupo Clarín y otras corporaciones mediáticas para descalificar al gobierno y al Estado, en campañas que, como la desplegada en torno al conflicto entre éste y las patronales agropecuarias, bordearon los límites de la legalidad.
El gobierno nacional puso sobre el tapete un tema vital para el funcionamiento democrático del país: una ley que acabe con el marco jurídico que la dictadura le dio al uso de los espacios radioeléctricos, el mismo que le permitió al Grupo Clarín y a otras corporaciones consagrarse como dueños casi exclusivos de la palabra y las imágenes de los argentinos.
La derecha en sus más diversos pelajes –mediática, económica y política- comenzó a rugir como una fiera herida. Los bloques opositores en la Cámara de Diputados, con el fin de ganar tiempo, sostuvieron que el tema debe ser debatido durante dos meses en foros abiertos en todo el país, porque, sostuvieron, el tema amerita tal discusión.
Se trata de una maniobra de increíble hipocresía. Durante los últimos meses, y a iniciativa del COMFER, el proyecto de ley fue analizado y discutido en cientos de mesas redondas y encuentros realizados en todas las provincias, con la participación de universidades, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos e instituciones del más amplio espectro. Las corporaciones mediáticas y la derecha en general desconocieron, silenciaron o fustigaron esos debates.
En tanto, otros espacios políticos autoproclamados progresistas pero fervientes opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también salieron al cruce del proyecto de ley, con argumentos como que el mismo favorecería a otras empresas concentradas – a las de telecomunicaciones, por ejemplo – y otros que alertan sobre el peligro que implica el eventual no reconocimiento de tratos internacionales que protegen a las inversiones extranjeras. Es decir, una mezcla rara de señalamientos por izquierda y por derecha, un gesto siempre eterno de esos ámbitos, tendiente a desconocer la dimensión de lo político, con sus contradicciones y correlaciones de fuerzas reales.
Más allá de que la iniciativa gubernamental pueda y deba ser perfeccionada – para cortarle el paso a toda otra posible construcción monopólica que surja de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías- y de que muchos de sus puntos indudablemente quedaran sujetos al decreto de reglamentación que requiere la aplicación de la norma, lo cierto es que, el 3 de septiembre de 2009, el Congreso comenzó a tratar un tema que el sistema democrático había dejado pendiente. *director de la Agencia Periodistica del Mercosur y docente de la Facultad de Periodismo de la UNLP
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//05 de Septiembre, 2009 |
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invitado a las 15:36, en
Politica Nacional |
escribe Roberto Caballero Vivimos un momento crucial. Hay operaciones que infunden terror hablando de “chavización”. Diputados que se bajan de lo que siempre sostuvieron. Una a una, las refutaciones a todas sus falacias. Veintitrés razones por las que apoyamos la nueva Ley de Medios, aunque la impulse el kirchnerismo. 1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.
2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
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//03 de Septiembre, 2009 |
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invitado a las 23:36, en
Politica Nacional |
 Algo sobre el proyecto de ley de radiodifusión que el gobierno mandó al parlamento: lo primero, la necesidad de una nueva normativa que regule la materia. En este sentido, ya el proyecto es un avance que merecería una discusión parlamentaria acorde. Después, viene el caleidoscópico mundo de las expectativas que los sectores políticos y sociales depositan en esa ley. Acá la paleta de colores va desde el rojo intenso hasta el negro fúnebre. Desde el golpe final a la oligarquía mediática a la chavista supresión de la libertad de expresión. Con esas grandilocuencias deberá convivir la aprobación de un necesario y positivo proyecto de ley de medios, cuyo subsuelo fáctico es la relación Kirchner-Clarín, de la cual conviene recordar que hubo tiempos idílicos que supieron coincidir con los mejores años kirchneristas, cuyos avances y retrocesos políticos no eran medidos de acuerdo a la incidencia del multimedios.
Pero lo que deberíamos contemplar es que ninguna discusión se manifiesta bajo pautas ideales, y que también el kirchnerismo pasará, pero la ley quedará.
El ralentado redoble kirchnerista post-electoral, proporcional a los tironeos opositores, daría cuenta de alguna verdad popular: que la elección de junio representó un rechazo matizado de la gestión kirchnerista de los últimos tiempos, pero no un veto a lo medular del “modelo”. Por lo tanto, la oposición se equivoca cuando manifiesta que el 70% los votó a ellos (un tótum abstracto, fragmentado) y a favor de un cambio de raíz que en realidad estaría negando la legimitidad que tiene el gobierno para “aplicar los kilos”, y ejercer el poder que tiene en su haber. Si la ley de medios se aprueba, nadie va a salir a movilizarse en furibundo caceroleo. En la calle, de este tema mucho no se habla.
Inteligentemente, Cristina y Néstor con esta movida aprovechan para juntar cabezas “por izquierda” hacia el interior del dispositivo político que comandan, cuando se sabe que en términos fácticos la decisión política nunca se alejó de sustentar la gobernabilidad sobre la base de los “feos, sucios y malos” de siempre. Para sacar adelante “los fierros calientes” de la gestión (facultades delegadas, conflicto agrario) se confía en las compañeras Graciela Camaño, Roxana Latorre o María del Carmen Alarcón: gobernabilidad, porque el que herede también va a ser peronista.
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//02 de Septiembre, 2009 |
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invitado a las 23:03, en
General |
 No somos mujeres y hombres del escándalo, nuestras conciencias no son saltimbanquis de la alarma. Al contrario: los hechos graves como el de la pobreza de amplios sectores de la población nos atañen. La pobreza atañe al fondo último de nuestros compromisos, la idea de igualdad, nuestras antiguas y recientes militancias. Nos compete, nos atraviesa. Por eso podemos decir: no nos escandaliza. El escándalo es gesto espectacular y ademán avieso. El rostro de los pobres se vuelve superficie de inscripción de llamados evangélicos, sacralidades disponibles, obsceno plano televisivo y objeto de malversación política. Nos atañen tanto las vidas dañadas por la miseria como su circulación en un imaginario que las despoja de creación, potencia y libertad.
Un presidente que desguazó las anteriores tramas sociales pudo decir “pobres habrá siempre” mientras creaba las condiciones para un inédito hundimiento de los salarios y los empleos. La conmoción del 2001 hizo visibles a contingentes de desocupados que habían encontrado en su exclusión el ímpetu para un descubrimiento de sus propias facultades organizativas y políticas. El gobierno iniciado en 2003 pensó al trabajo como una vía de recuperación de la dignidad para los desposeídos. Expansión del empleo y paritarias fueron las llaves precisas y, a la vez, el horizonte deseado. Detenido el ciclo, en la tormenta del mundo, la pobreza se hizo tópico de lo irresuelto. También, núcleo rutilante de una confrontación que es necesario deshojar.
En una iglesia de Liniers, en los palacios vaticanos, en los palcos ruralistas y en los grandes medios se agitan hilos que provienen del mismo ovillo. Ovillo que es idea: es posible aunar la mayor riqueza –dada por la propiedad privada de ciertos recursos- con la asistencia caritativa a los más pobres. Campo y Cáritas. Soja y comedor popular. Para que ese enlace sea fructífero y económico debe prescindir de lo que es visto como poder coercitivo y expoliador: el Estado. Y también del enlace de la cuestión de la pobreza con los temas de la justicia y la igualdad. Pobres habrá siempre, para atenderlos está Cáritas. La limosna es la vía celeste para unos y la sobrevivencia menoscabada para otros. Contra ella es necesario volver a situar la defensa de lo público, el engarce de la cuestión social con otros modos de la justicia y la apuesta no a la victimización de lo popular sino a su recreación política.
¿La justicia pendiente del presente no está ligada a la justicia respecto de un pasado criminal? ¿No está la deuda social impaga vinculada a una renovada reflexión sobre las condiciones de una redistribución del ingreso que afecte no sólo a los trabajadores en blanco? ¿Es posible encarar medidas imprescindibles, como un plan orientado a la resolución de las necesidades alimentarias de la población, que tenga alcance nacional y solidez nutricional, sin herramientas impositivas y recaudatorias? Sin retenciones hay limosna. Con retenciones: debate público y politización.
Decir eso suena a mala palabra: ¡quiénes son los extraviados que en el contexto de un ataque masivo a la política reclaman mayor politización! Nosotros: en la intersección, ya lo decimos, de Defensa e Independencia. En otras esquinas priman otros tonos: la indignación y la sospecha. El hombre típico de Corrientes y Esmeralda es hoy alguien que sospecha. Alguien que ve, tras los discursos y los valores de la política, una razón oscura que sería su verdadero sentido. Una razón material, crematística, que funcionaría como hilo explicativo de toda conducta pública. ¡Quién les paga!, es el grito de guerra en una Argentina con una larga devastación de las conductas políticas. Contemporáneo a ese sentimiento está el de la indignación, el ademán del usuario enojado, del ciudadano reclamante, del movilero agitado en persecuciones varias, del periodista de piso que frunce el ceño. ¡Hasta cuándo!, resuena como eco. Entre la sospecha y la indignación se sumerge la vida política del país. Quizás el ejemplo más claro de esto es la mutación de la condición del lector en gritón de los diarios digitales: ya no es el que acude a un encuentro con lo desconocido -que le exige no poca disposición amorosa para comprender- sino el que lee como excusa para el rezongo o la suspicacia insidiosa. Es el rumor mismo, la pasión arraigada en los subsuelos de los modos de vida que agrieta los cimientos mismos de lo público. Alimentados por una larga historia de desalientos y exacciones. Recreados como fábula moral en las usinas mediáticas. La nueva derecha vive en esos relatos y hace de ellos santo y seña.
Hoy esos ríos profundos de la vida contemporánea minan las bases de la gobernabilidad. Lo hacen ahora con el gobierno nacional. Lo harán luego contra otras representaciones. Lo que en su momento llamamos destituyente es eso: una articulación y un impulso, una organización de sentimientos difusos para dirigirlos, sin pausa y sin errancia, contra un objetivo determinado. Por eso los jefes de ese movimiento no son hombres de la política, aunque ellos pretendan usufructuar sus resultados inmediatos. En el fondo se intuyen las futuras víctimas si no logran pactar con ese sordo rumor. Nadie es creíble, nadie está firme. Parecen a salvo aquellos que se escudan en el reconocimiento directo de las razones mercantiles: los que declaman sus historias empresarias, los que piensan la política como un momento más de la expansión de los negocios. Bajo sospecha quedan aquellos que intentan recurrir a los discursos ideológicos o a las tradiciones políticas. Los que confiesan se convierten en testigos protegidos del juicio al entero sistema partidario.
¿Puede reconstituirse lo público en un tembladeral animado por esas fuerzas sentimentales y anímicas? ¿Puede reconstituirse lo público amenazado por la sensibilidad del miedo, la sospecha y la indignación? ¿Qué política podrá sustraerse de esa atmósfera en la que se reclama el reino desembozado de los intereses privados, porque finalmente serían los únicos sinceros?
Una elección parlamentaria ha transcurrido hace algunas semanas. Los resultados fueron adversos para el proyecto que desde estas cartas acompañamos. En cierto sentido, las advertencias que recorrían los escritos anteriores fueron confirmadas: crecieron electoralmente los adalides de la restauración conservadora, fueron ungidos los que debaten en sus gabinetes cerrados si apurar el paso hasta la caída o dejar llegar las cosas –el gobierno exánime- hasta el 2011. El triunfo de Unión Pro en la provincia de Buenos Aires, con un candidato que exhibe como méritos una caudalosa fortuna y destrezas televisivas, pone en evidencia la articulación política de los rasgos profundos de la época: el llamado a la desnuda presencia de las razones mercantiles como latir vital de la actividad pública y la mediatización de la política, convertida en mero apéndice de ficciones publicitarias que toman inspiraciones épicas –en una época que sin embargo pretenden disciplinada por las grandes fuerzas corporativas económicas- y se basan en idealizaciones de la vida popular –cuando estamos en un tiempo en que lo popular resiste dificultosamente la segmentación brutal de las experiencias colectivas-. Esos rasgos no los inventó la derecha. A lo sumo, sus políticos y publicistas son los que más descarnadamente, sin culpa y sin velos, los incorporan y expanden y por ello pueden recibir los mejores dividendos. Los que se mueven como peces en el agua en la sociedad del espectáculo.
La elección de junio hizo visible la debilidad en la construcción de otra escena para la política. De una escena en la que las fuerzas provengan de la militancia popular y no de las mediciones de rating, en la que los candidatos y funcionarios se elijan menos por la opinión pública y más por sus compromisos persistentes, en la que los diálogos tengan menos de representación de roles que de apertura a problemas, en la que el voto se dirima por la defensa de las condiciones reales de vida y no por la presión de los conjurados mediáticos. ¿No serían éstos menos eficaces en su monserga destituyente si estuvieran menos impagas las deudas sociales? Al gobierno lo atacan los jefes agromediáticos por sus aciertos y no por sus errores. Pero en las urnas perdió también por sus traspiés, sus titubeos, sus debilidades. En manos de un electorado que parece más tomado por el desánimo o la apatía que por el entusiasta abrazo a las consignas de derecha.
La restauración conservadora está en curso y en ella se unifican poderes corporativos –el empresariado nucleado en AEA, la airada mesa de enlace, el bloque mediático y algunos políticos-. Sin embargo no puede pavonearse de legitimidad por el resultado electoral. Porque no está mellada la capacidad gubernamental y porque en los cuartos oscuros también fueron ungidas representaciones parlamentarias que arrojan a la escena problemas necesarios de ser tratados en pos de una sociedad más equitativa y justa.
Si el proceso abierto en el 2003 estuviera cerrado, si sólo quedase la organización de una retirada ordenada, el gesto de la crítica sería intento de autoexclusión de la derrota. Una precaria salvación. Por el contrario, si hay que mencionar errores es en función de otra hipótesis: la de que hay un núcleo de valores fundamentales de este proceso que es necesario no sólo defender sino expandir en los próximos dos años. Y que se defienden y se expanden si hay capacidad de reinventar a la vez políticas de gobierno y de impulso de las autónomas voluntades militantes. Si hay capacidad de pensar como interlocutores no a las corporaciones con sus poderes de veto y sus agitadas amenazas sino a los argentinos de a pie: a esos que tienen el poder de su reunión, su fuerza y su voluntad.
Las urnas hablaron, pero su mensaje no tiene por qué ser aquel que los personeros de la destitución creen escuchar. Al contrario, muchos leyeron en ellas el llamado a un activismo renovado, capaz de procurar ámbitos de encuentro, creación de ideas en común, imaginativas defensas de lo público. En algunos lugares el nombre de Carta abierta bautizó esas experiencias que cavan el presente no sólo para atrincherarse en la prioritaria defensa de un gobierno legítimo sino también para encontrar los destellos de una política renacida. En muchas ciudades los hombres se reúnen en Defensa e Independencia. Quizás porque esa esquina siempre esté en el núcleo más íntimo de nuestras búsquedas.
No venimos aquí, al púlpito de la esquina, a presentar la cartilla para la reconstrucción de una militancia popular. Por el contrario: venimos a decir que estamos perplejos y asombrados. Que a la vez que hay indicios de la posibilidad cierta de una catástrofe conservadora hay un énfasis del gobierno en no retroceder en sus decisiones fundamentales y los hay también de una múltiple voluntad colectiva. Podríamos decir: falta la construcción. Nos privamos de hacerlo, para que quede el vacío ruidoso de aquello que no sabemos ni qué sería ni cómo se hace. Apenas intuimos, y que valga como susurro, que mucho de pasión por el presente, de donación a los entusiasmos de lo que viene y de renuncia a las rigideces del pasado, serán actitudes necesarias.
¿Estamos pidiendo más a un gobierno cuya existencia está, sin dudas, amenazada? ¿Estamos concurriendo a la conjura de las exigencias que pueden alterar la vida institucional? ¿Es tiempo de solicitar, una vez más, profundización de los cambios, o sólo se trata de apegarnos a los hechos, a un realismo de la continuidad, para evitar lo peor: la desestabilización, el ascenso brusco de las derechas, el triunfo de las más radicales presiones corporativas, el escenario hondureño? El gobierno está sitiado. Por una confluencia que quizás nadie pueda detener. En el sitio conjuga gestos defensivos, audacias inesperadas y perseverantes compromisos. Entre estos últimos, la actitud de condena frente al golpe en Honduras ante la indiferencia de muchos e incluso la crítica obtusa ante la decisión de la Presidenta de ir al lugar de los hechos para dejar claro que la recuperación democrática en ese país no sólo reclama la acción de las cancillerías o de las instancias diplomáticas internacionales. Honduras nos atañe. Habla de nosotros. Como Argentina habla de Bolivia. Y Bolivia de Venezuela. Y Venezuela de Ecuador. Destinos cruzados y necesidades mutuas en un contexto signado por la expansión de la presencia estadounidense en Colombia de un modo que remeda, amenazante, las viejas prácticas imperiales.
En cuanto a la actitud que el gobierno de Cristina Fernández debiera tener en esta situación amenazada, algunos prescriben concesiones ante grupos de presión; otros la defensa de las políticas económicas sostenidas. Si solicitamos más, es porque consideramos que esa defensa sólo puede desplegarse sobre la constitución de un horizonte político, sobre el hallazgo colectivo de un proyecto que exceda y desborde la actualidad, sobre el sueño común de reinvención de lo público. Sin esa dimensión utópica, sin esa perspectiva que reinscriba los hechos cotidianos en un relato que los excede y potencia, no hay renovación de las posibilidades gubernamentales pero tampoco de las políticas populares. La idea de cambio fue, publicitariamente, capturada por las derechas mientras el gobierno hizo campañas de reivindicación de lo hecho. Pero la política no es el cierre sobre el presente, salvo que se resigne a devenir administración de lo dado. Es desde las fuerzas que efectivamente han transformado mucho en este país y en estos años, desde las fuerzas que han puesto en discusión razones profundas de la transformación social, que se debe recuperar la invocación al cambio. El llamado a la construcción de una sociedad emancipada de sus grilletes y reparadora de sus injusticias.
Se hizo, es cierto. Defendemos lo hecho. Pero lo que pende es fundamental: la reposición de las instituciones estatales en las condiciones de producción contemporáneas, el planteo de un sistema impositivo que tenga un carácter progresivo o desplegar nuevas regulaciones al capital financiero, son algunas. Otras ya las hemos mencionado. Insistimos: no como gestores de un balance de una empresa en quiebra. Sino como trabajadores de su recuperación. La nación está en juego. Y las vísperas del bicentenario podrían ser ocasión de una apuesta imaginativa que desborde los fastos conmemorativos y los rituales previsibles. De una apuesta que incluya los temas postergados de la emancipación, como la relación entre la nación y las comunidades culturales y étnicas que la precedieron. La reivindicación de los pueblos originarios presupone una profunda invitación a poner en cuestión los fundamentos culturales que nos cobijan, no para abandonar los que nos son comunes sino para que nos sean comunes los que surjan de nuevas revisiones históricas.
La idea de que es necesario reabrir las posibilidades de la historia, no puede escindirse de la emergencia renovada de organizaciones populares. ¿A quién le habla el gobierno cuando habla?, es una pregunta que si notoriamente está vinculada con los estilos comunicacionales dice también sobre cuestiones estratégicas. Porque a la escena de las presiones de las corporaciones patronales sólo se la combate con una escena de escucha y conversación con los partidos políticos populares y con los movimientos sociales. Y a la escena de los titiriteros mediáticos se la confronta no sólo con medios públicos -que son necesarios-, no sólo con la democratización que supone una ley de servicios audiovisuales -que es urgente e imprescindible-, sino también con una escena política autonomizada de la lógica mediática. Incluso, la que ocurra en los esfuerzos últimos que realicemos para que nuestra propia conciencia vuelva a albergar la noción básica de autonomía crítica, ética de convicción y templadas responsabilidades para reconstruir un sentido de verdad ante las derechas que en el vaciadero de los conceptos, se revisten con los viejos temas de las izquierdas. No es que las ideologías hayan desaparecido, sino que se las modula como una más de las mercancías que se le ofrecen al consumidor.
Alguna vez dijimos que a las acciones de este gobierno, incluso a algunas de las más relevantes, les faltaba lo previo: una cierta elaboración en la cual se inscribieran con la fuerza necesaria, pero también su enhebramiento con un entramado de voluntades y activismo, capaz de proponer temas, de situar problemas, de hacer y defender políticas. No se trata sólo del horizonte político futuro. Incluso la institucionalidad gubernamental requiere, para sustentarse sin graves cesiones a los poderes corporativos -que encuentran hoy en el empresariado más concentrado un programa completo de transformación de la economía argentina- , de una revitalización de las organizaciones populares.
Eso que falta es necesario para preservar los aspectos más profundos y relevantes de estos años. Para preservar y expandir la política de derechos humanos; la integración regional; los derechos laborales; decisiones soberanas respecto de los organismos financieros internacionales; instituciones de defensa alejadas de las doctrinas de la represión; la inversión de recursos en ciencia y técnica. Preservar y expandir es, también, ir más allá de una concepción economicista que sitúa al crecimiento como estrategia rectora última. La crisis mundial dejó interrumpido ese camino de expansión de la inversión, empleo y mercado interno. La idea de distribución de la riqueza vino asociada no sólo a un retintineo promisorio sino a la efectiva reactivación de la economía. La crisis afecta ese despliegue, que quizás tenía núcleos internos que lo volvían ciego ante ciertas situaciones de exclusión y desigualdad social.
El debate sobre las asignaciones familiares a trabajadores informales o a desocupados, la idea de ingreso universal de ciudadanía, los planes diferenciados para atender situaciones de pobreza, fue postergado en función de una perspectiva economicista. La ausencia de políticas reparatorias que atenuaran las desigualdades dentro del interior del mundo laboral, aligeró como palabras al viento aquellas que nombraban las efectivas medidas de justicia existentes. ¿No tuvieron relación los resultados electorales con esa ausencia? Porque no hay metáfora más errónea que la de traición, que supone a los votantes como seres arrastrados a una decisión cuyo sentido ignoran. Hay, en todo caso, un disgusto, una necesidad, una crítica, que benefició, especialmente, a los dirigentes surgidos de las falanges restauradoras y los gabinetes fantochescos que inventan políticos por encargo. Lamentamos esa decisión emanada de las urnas. Pero no serán las explicaciones consoladoras las que permitan revertirla.
La reversión es posible, pero requiere un modo novedoso de tratar lo público. De volver a considerar lo público. Está en juego eso en la política nacional pero también en la ciudad de Buenos Aires, en esta ciudad con sus plazas en las que se leen estas cartas, con sus edificios sanitarios amenazados por operaciones inmobiliarias, con sus parapoliciales que desalojan espacios comunitarios, con sus jefes de policía que surgen de las más tenebrosas historias de encubrimientos y exacciones. Medidas que pretenden hacer campo raso de lo heterogéneo y de la ciudad laboratorio de la nueva derecha. Nuestra calle, aquí, es Resistencia.
El jefe de gobierno de esta ciudad es un empresario. Como tal parece menos enjuiciable que los hombres de la política. Ante el banquillo del juicio que la sociedad mediática encara, se lo presume inocente. Quizás no del todo, pero sí más que aquellos que hablan más de política que de negocios. Por eso, puede reírse de las combinaciones entre tintorerías y prostíbulos en los barrios pobres de la ciudad. Ha ordenado desalojar huertas y expulsar hombres y mujeres sin techo. Ha burlado a los docentes y a los trabajadores de la salud. Ha imaginado desalojar los antiguos neurosiquiátricos, menos por un libertarismo antimanicomial que por la valorización de los terrenos. Ha nombrado un jefe de policía en cuyo nombre se anuncia la acentuación de estrategias represivas y de funcionamientos corruptos. Perdiendo votos, sin embargo ha ganado las elecciones. Quizás porque en figuras así se condensan las fuerzas anímicas del miedo, la sospecha y la indignación.
No es un problema de los porteños. En Nueva York le pagan a los desocupados un pasaje de ida para privar de su miseria a la ciudad. Pero esta es nuestra ciudad: en ella debemos disputar cada esquina, cada barrio, cada discurso y cada idea. Contra esa articulación reaccionaria, es necesario situar una agenda de recuperación de lo público: del espacio, de las conversaciones, de las políticas, de las instituciones, de los recursos naturales, de las facultades humanas. El mercado, sabemos, es capaz de apropiarse y gestionar todo eso, bajo la lógica de la ganancia y el rendimiento comercial. Y hay políticas estatales que se subordinan a la obediencia de esa lógica. Incluso, algunas políticas nacionales, como la que regula la minería, en la que prima la explotación inmediata antes que el resguardo de los derechos comunitarios. Recuperar lo público es poner en cuestión esos criterios, situarlos en el marco de una discusión que no debe aceptar para sí los límites de lo ya dado, sino que debe constituir el horizonte utópico y realizable de lo porvenir.
Hay mucho que preservar y hay mucho por hacer. Aunque minado por la sospecha y la indignación existe un terreno en el que eso se dirime: la política. Las diversas tradiciones ideológicas que han puesto el acento en lo popular y sus potencias tienen ante sí un desafío mayúsculo: el de considerar su confluencia sin exclusiones, su situación sin mezquindades y el futuro con inédita imaginación.
Aquí en esta esquina somos una suerte de conjurados. En defensa de un conjunto de políticas desplegadas desde el 2003 y del derecho del gobierno a perseverar en ese camino y con la independencia de criterio que nos dan nuestras propias experiencias, valores, ideas. Nuestro llamado al coraje colectivo contra el operativo derrumbe no resuena en el eco de los espacios vacíos. Al contrario, rebota en los cuerpos, se ahínca en los sueños, se intercambia en la reflexión común. Por eso creemos que no se puede hablar de derrota ni de victoria ni nos está dado el tono de la certeza. Sí saber que lo que sucede nos atañe. Y por eso no nos escandaliza.
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//30 de Agosto, 2009 |
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Politica Nacional |
 Escribe por Iniciativa Popular C.S. Pedro Mondonio Es cierto que desde su acceso al gobierno el kirchnerismo fue incapaz de articular formas de participación y de organización popular que dieran sustento a las audaces medidas de gobierno que iba adoptando, tal como lo habíamos afirmado desde Iniciativa Popular después de la dolorosa experiencia vivida cuando el acceso de Schiaretti a la gobernación, perpetuando la permanencia del delasotismo, o sea del menem-cavallismo en la Provincia de Córdoba.
La ingeniería electoral elaborada por el kirchnerismo en la Provincia no podría haber generado resultados más lamentables. En pocos lugares del mapa electoral nacional los ruralistas pueden mostrarse más satisfechos con sus logros: consiguieron a) resucitar al Radicalismo por derecha; b) permitir a Juez convertirse en primera minoría también por derecha, después de haberse desguasado de todo el progresismo que lo había catapultado como opción antidelasotista; c) dejar indemne a Schiaretti en su condición de primera minoría en la mayoría absoluta de los departamentos del interior provincial, superando con holgura la prueba de la supuesta “fractura” del PJ ante la “jugada maestra” del tandem Jaime-Riutort.
Increíble pero real: el menem-cavallismo cordobés concluyó con senadores y diputados funcionales a la imagen pregonada por su gobernador: paladín de la defensa de los “intereses provinciales” frente al gobierno nacional y punta de lanza de la restauración conservadora liberal en la nación. La de Schiaretti y De la Sota sí que es una muestra indudable de maestría polìtica: haberse sostenido durante diez años sin mengua para sus ambiciones polìticas en una de las provincias más importantes de la República respetando a machamartillo la polìtica neoliberal menemista, después de haber fundido impunemente la economía provincial, cuya responsabilidad endosaron a la Nación con la sola denuncia de Don Salvador Treber, a quien aislaron como díscolo francotirador con el concurso cómplice de casi todo el periodismo y la sociedad cordobesa.
Accesoriamente, puede afirmarse que Córdoba es el lugar donde el kirchnerismo fue aislado y derrotado en toda la línea por la oposición más pacífica y concordantemente expuesta a la opinión pública provincial sin fisuras, o sea sin que haya contado una voz que lo defendiera con claridad y resolución. Sólo Carta Abierta y otros grupos políticos y sociales de contenido nacional y popular nacidos espontáneamente como respuesta a la avanzada neoliberal y aislados entre sí, hicieron oir sus voces sin vergüenza e intentaron apoyar aún desde posiciones críticas al gobierno de Cristina desde las banderas de la patria grande, por fuera de toda estructura de política de poder. La presencia aún incierta de Carmen Nebreda en el congreso de la Nación es la única ficha caída del lado del campo popular.
Razones ciertas pero insuficientes de una derrota nacional
Existe una fuerte inclinación a adjudicar a la “inestabilidad e inconsecuencia” de las clases medias de la sociedad argentina gran parte de la responsabilidad del resultado electoral del 28 de Junio.
Primer reparo: estas elecciones pusieron sobre el tapete también la inestabilidad e inconsecuencia de la clase trabajadora. En Córdoba, la clase trabajadora dividió sus afectos entre Schiaretti (menem-cavallista pro-sojero) Juez (oportunista-pro-sojero) y Mestre (demoliberal pro-sojero). De modo que si la recuperación del proyecto nacional y popular exige el “rescate” de importantes sectores de la clase media, también ocurre lo mismo con importantes sectores de la clase trabajadora.
¿Es un problema que reside en el manejo del aparato mediático a consecuencia de los nuevos rasgos de la sociedad “virtual”? ¿Es en consecuencia la nueva Ley de Medios Audiovisuales la panacea?
Segundo reparo: Si bien el acoso mediático llegó a ser opresivo e indudablemente efectivo, no debemos olvidar que el pueblo argentino fue sometido durante muchos años al mismo torpedeo, lo que no obstó a resonantes victorias electorales del campo popular. La resistencia peronista llegó a tener prohibido hasta el uso de sus símbolos emblemáticos junto con la más monolítica propaganda antiperonista de la oposición. No basta la opresión discursiva para torcer la conciencia adquirida y cimentada por razones materiales profundas. Cambiar la opinión de un productor sojero a fuerza de discursos es tarea tan inútil como la de convencer a un peronista que vote en contra de quien puso en su horizonte de vida el derecho a casa, educación y salud para sí y para toda su familia.
¿Fué, es, un problema de comunicación, de elaboración del mensaje?
Creemos que no. Creemos que desde mucho tiempo a la fecha la disyuntiva electoral no había sido más inteligentemente planteada que en esta ocasión. Tanto en lo que hace al carácter plebiscitario de la gestión de gobierno como al enfrentamiento entre dos modelos o dos proyectos de país. Pocas veces hemos tenido elecciones donde se hubiera puesto a la consideración del pueblo la opción entre un país industrial inclusivo con intervención decidida del estado y un país agro-exportador excluyente, librado a las fuerzas del mercado. En trazos gruesos, esa alternativa fue planteada. Y los voceros de la posición nacional y popular fueron Nestor Kirchner y Cristina Fernandez, ambos máximos jefes del gobierno que intentó, con todas sus contradicciones, llevar adelante la alternativa popular, con no pocos y hasta no hace mucho impensables aciertos en su haber. Y nadie puede negar que sus discursos fueron lo suficientemente claros y terminantes, al par que distintos y enfrentados a los de la oposición. Nadie tuvo expositores más limitados, vacíos y superficiales que la oposición.
¿Son las demandas anticorrupción insatisfechas las que arrojaron a la oposición a grandes sectores populares?
Creemos que no. Creemos sí que un sector importante pero para nada decisivo puede haber sido llevado a un voto repudio a las inconsecuencias del gobierno también en esta materia, tanto por la dudosa conducta de algunos referentes de sus propias filas como a la conducta concesiva o prescindente frente al despliegue de personajes comprometidos en tales prácticas. Pero los resonantes triunfos electorales de los máximos exponentes de la corrupción en funciones de gobierno durante el menemismo excluyen toda posibilidad de asignar a este factor una incidencia determinante en la derrota del gobierno. La sola presencia del más sospechado de los candidatos de la oposición y máximo triunfador nos ahorra mayores fundamentos.
¿Fue el abandono de la política de alianzas de los Kirchner? ¿El tránsito que va del transversalismo al apoyo en la estructura tradicional del Partido Justicialista, los mentados gordos del conurbano bonaerense?
Creemos que no. Creemos que fue un error lamentable sobre todo en proyección a futuro, porque puso en riesgo la andadura del proyecto nacional y popular al desorientar incipientes pero seguras columnas en crecimiento con su enfático viraje hacia quienes hacen de su acumulación de poder y del pragmatismo político su razón de ser; pero no podemos afirmar cándidamente que los referentes o las organizaciones políticas que florecen en defensa del gobierno popular hubieran contrarrestado, en esta coyuntura, el caudal electoral del aparato justicialista que le permitió al menos empardar la debacle producida en el interior de la Provincia de Buenos Aires.
A los factores apuntados los reconocemos como reales e incidiendo en los resultados, pero no de modo determinante. La gravosa e inconducente práctica en la gestión de gobierno de desplazar a los funcionarios más competentes por especulaciones electorales o el abandono de aliados seguros y eficaces pero poco proclives a los apoyos incondicionales, también horadaron el prestigio del gobierno y la credibilidad de muchos compañeros que adhieren a posiciones progresistas. Basta ver el empacho de votos de Pino Solanas a expensas del gobierno, con especulación oportunista incluída.
La razón profunda.
Para intentar explicar la magnitud de la derrota, queremos hacer centro en datos duros de la realidad material.
Llamamos datos duros de la realidad material a factores determinantes de la realidad económica que incidieron directamente sobre la voluntad del electorado. El proceso de cambio de la situación económica en la República Argentina vino de la mano de la “revolución agraria”. La revolución agraria consistió básicamente en el desplazamiento de la producción agrícola tradicional trabajo intensiva en esta nueva producción agrícola capital-intensiva. Los precios internacionales sostenidos por la irrupción de la demanda masiva de alimentos por mega-mercados no tradicionales cuajaron con la revolución tecnológica en la agricultura y la ganadería de la mano de los agroquímicos y las nuevas maquinarias alumbrando saltos cualitativos en la productividad de la tierra, siembra directa considerada. Un fuerte desplazamiento del capital financiero especulativo hacia el sector agropecuario impulsó con inusitada fuerza rendimientos extraordinarios y la ampliación impensada de la “mancha verde” sojera a casi toda la superficie cultivable.
Creemos que este proceso fue insuficientemente analizado en sus efectos económicos y sociales. Creemos que es la causa excluyente del nuevo conglomerado social que da sustento al reverdecer del “modelo agroexportador” levantado entusiasta y agresivamente por los grupos económicos asociados a su suerte en la Mesa de Enlace, incluída su nueva niña mimada, la Federación Agraria. A ese tren se subió el oportunismo de la hasta entonces escuálida oposición, incluyendo sectores tradicionalmente poco proclives a compartir la cosmovisión de la Sociedad Rural, como gran parte del radicalismo. Y esto último es así bien que le pese a la izquierda y a parte del peronismo que se empeñan en regalar a la oligarquía los afectos de amplios sectores medios que el campo popular no puede ni debe resignar de sus filas.
En efecto, creemos que desde el campo popular hemos pecado en la subestimación de los efectos directos de ese fenómeno sobre las fuerzas sociales situadas en su área de influencia. Desde el núcleo de la pampa gringa cordobesa y santafesina con piso en los 30 quintales por hectárea y siembra directa, la revolución agraria fue extendiendo la mancha de “zona ocupada” a límites impensables, abarcando la casi totalidad de esas provincias, a las que se sumaron Entre Ríos, Santiago del Estero (llegó a ser cuarta productora de soja), La Pampa y grandes extensiones de la Provincia de Buenos Aires tradicionalmente afectadas a la ganadería.
Muchos de nuestros colonos se convirtieron en verdaderos pioneros de la expansión sojera por todo el territorio de la República desembarcando inclusive con su renta diferencial en las tierras fértiles de la medialuna boliviana y del Paraguay. Arrasaron a su paso con los campesinos de la economía agraria familiar de subsistencia que cobijaban los montes autóctonos, comprándoles sus propiedades o sus derechos con el producto de una cosecha, desmontando y arrojando los nuevos desocupados a los suburbios de pueblos y ciudades. Mientras en A Dos Voces se chichoneaba con la ocupación de tierras en el sur por algunos grandes capitalistas del Norte, capitalistas agrarios de nuevo cuño bien argentinos hacían lo propio en Bolivia y en Paraguay.
Frente al motor de la multiplicación de la renta capitalista o maximización de las ganancias, de poco valen los lamentos o las consideraciones éticas. Los malos modales (egoísmo, soberbia, prepotencia) de los exponentes de este proceso que comenzaron a mostrarse ahora en sociedad, no distan en realidad de la ética y modales propios de todos los burgueses capitalistas que en distintas latitudes y circunstancias históricas tuvieron oportunidad de asomar la cabeza en los procesos sociales cuando empezaron a juntar la plata en pala (acumulación de capital) y tuvieron que hacer frente a fuerzas o instituciones que trataron de ponerles límites.
¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cómo son?
Y aquí viene la pregunta orientadora: ¿quiénes son? ¿cuántos son? ¿cómo son? ¿a quiénes influyen en forma directa….a quiénes indirectamente?. No nos interesan los de siempre, los que preexistieron al boom agrario; los que manejaron siempre los medios y la vidriera del modelo agro-exportador. Nos interesan las fuerzas de choque, el sustento social que hizo retroceder al gobierno popular.
En primer lugar, dejemos de lado el primero de los malentendidos. Buzzi representa a los nuevos “pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos rentistas agrarios y algunos cuantos más” que nada tienen que ver con la tradicional base de sustentación de la Federación Agraria de Humberto Volando, para no hablar de la graciosa comparación con los arrendatarios del Grito de Alcorta. De su nueva base social se puede afirmar que no son ni quieren ser los pequeños productores de antes, y sí los grandes beneficiarios de esta renta agraria sin la carga molesta del Estado, tal y como lo quieren sus organizaciones hermanas. Como ya dijimos, los campesinos de la agricultura de subsistencia ya fueron borrados, sin lucha, pero ahora con dolor porque como los despedidos que cobraron indemnización terminan dependiendo de la mano del Estado. Quizás los nuevos ricos vuelvan a entrar en contradicciones con la cúpula de la pirámide agraria cuando el proceso de concentración de la riqueza los vaya dejando sin tierras o bajen demasiado los precios de las comodities y tengan que prenderse a la teta del Estado para no ser fagocitados.
En la franja de los interesados directos debemos incluir a los “pequeños y medianos productores rurales y a los pequeños y medianos arrendadores agrarios”; también a los “pequeños y medianos arrendatarios rurales”; también debemos incluir a los “pequeños, medianos y grandes pools de siembra”. Aquí es donde empieza a ensancharse la base social del nuevo conglomerado agrario: incluye a todos los rentistas o inversionistas que atan su ganancia al rendimiento de la producción agraria, y aquí debemos incluir a productores que vendieron sus campos pero siguen en el negocio, comerciantes, profesionales, banqueros, empleados jerarquizados con capacidad de ahorro, etc., más numerosos cuanto más importante es el pool de siembra, alcanzando a sectores de residencia habitual en las ciudades.
El nuevo tipo de producción agraria suma otros sectores influyentes: el de los contratistas de las maquinarias agrícolas, almacenaje y transporte de granos, las compañías aseguradoras del riesgo agrario, las empresas industriales de producción de maquinarias agrícolas, la producción y comercialización de semillas y agroquímicos, los comercios y profesionales directamente vinculados a esos intereses.
A esos sectores debemos agregar otros que guardan una relación más indirecta pero que cuando más vinculados geográficamente a la zona productora terminan condicionados en una férrea red de pequeños intereses y complicidades. Todo el rubro de la construcción: arquitectos, ingenieros, constructores, albañiles, pintores, carpinteros, gasistas, plomeros, incluidos sus estudios y pequeñas empresas. La capacidad movilizadora de la población estudiantil en la ciudad de Córdoba durante el conflicto agrario dan una muestra palpable de la fuerza dinamizadora del boom inmobiliario de los últimos años. Cabe suponer que ese mismo fenómeno se ha producido en ciudades como Río Cuarto, Villa María y numerosas ciudades del interior de las Provincias ya mencionadas alcanzadas por la mancha verde. Lo mismo ocurre con la comercialización de las motos, automotores y maquinarias agrícolas.
Quizás lo más apropiado sería preguntarnos quiénes no son alcanzados directa o indirectamente por la bonanza agraria. Allí podríamos situar los empleados públicos estatales nacionales, provinciales y municipales, los docentes y los jubilados. En pueblos y ciudades donde el derrame de la renta agraria influye mucho sobre el comercio, sería improcedente situar en este campo a los empleados de comercio.
El gran error, primero del gobierno y luego de la mayoría casi absoluta de la intelectualidad encolumnada en posiciones nacionales y populares, fue emblocar a toda esta red de intereses económicos de predominante clase media con la Sociedad Rural. La confusión no estribó en el aspecto ideológico o político, donde sin duda ambas fuerzas confluyeron tras el pragmatismo de la máxima ganancia. El error de estimación consistió en suponer que las posibilidades hegemónicas de este nuevo conglomerado de intereses económicos en el conjunto social sería tan limitado y elitista como el que la Sociedad Rural ha desplegado en la historia de nuestro país desde la irrupción de los gobiernos populares, debiendo entonces suplir esa impotencia apelando a los golpes militares.
La copa de la abundancia del capital financiero y del capital agrario concentrado en la oligarquía terrateniente no derrama sobre el resto de la sociedad. El error está en equiparar a un típico representante de la Sociedad Rural con estos ricos de nueva cepa. No porque piensen distinto. Es porque son distintos. El oligarca vive, consume e invierte en espacios limitados donde opera a sus anchas el capital concentrado y fuga todo lo que puede. El nuevo agricultor o rentista agrario compra, invierte, prospera y motoriza la economía de los lugares donde reside, y el capital que acumula aún a través de la evasión de los impuestos, muere en la región y sus aledaños, aunque sea en derroches suntuosos e improductivos.
Que el 80% de la riqueza agraria pertenezca al 20% de los productores por la concentración abusiva de los beneficios muestra la distorsión de la estructura agraria y es una realidad a cambiar. Pero lo que no se tuvo en cuenta es la capacidad multiplicadora del 20% de riqueza restante motorizada por el 80% de los productores menores y diseminados en el territorio. En amplias zonas agrarias la desocupación había desaparecido o estaba en franca disminución con anterioridad al ascenso de Kirchner al poder. Y no sólo por la bonanza de los pequeños o medianos productores. La zona de influencia de la cerealera de Urquía mostraba esa realidad y se ufanaba de ello y del valor agregado a sus productos. Esos grandes negocios les permitieron ser visualizados hasta por el mismo gobierno como parte de la nueva burguesía en que sustentar un nuevo proceso de desarrollo. Así fueron erróneamente catapultados a participar del poder político y le fueron facilitados por diversos medios la profundización de sus negocios.
El Estado, obviamente necesitado de caja para hacer frente a las obligaciones internacionales, no puso dique a la expansión sojera. Cuando quiso hacerlo comprobó demasiado tarde que no podía hacerlo sin enfrentar una formidable resistencia. El gobierno creyó que se trataba de los conocidos enemigos de siempre. Pero no: la soja había traccionado con sus rindes toda o casi toda la economía agraria y el nuevo conglomerado social multiplicado bajo su nueva alfombra verde extendida. Y muchos aliados naturales de la economía agraria familiar ya habían sido arrojados a las lindes de los pueblos, actuales o futuros planes Jefes o Jefas de hogar.
Esta realidad no se debe minimizar. Estamos hablando de Córdoba, Rosario, Río Cuarto, Bahía Blanca, Tandil, Pergamino, Venado Tuerto, Firmat, Casilda, Rafaela, Villa María, San Francisco, Olavarria, Junín, Rufino, Paraná, Santa Fe, Bell Ville, La Plata, Marcos Juarez, San Nicolás, Villa Constitución, Arrecifes, Gualeguaychu, Coronel Suarez, General Pueyrredon, Dolores, Rojas, Azul ,Chacabuco, Chascomús, Coronel Pringles, Coronel Borrego, Colón, Bragado, Saladillo, y cientos de pueblos del interior de esas provincias. En todas esas ciudades el Frente para la Victoria fue duplicado o triplicado por la sumatoria de la Coalición Cívica y la Union PRO, claramente alineados con el modelo agroexportador excluyente. Y ello no sólo en provincias díscolas, donde el aparato de gobierno no respondía a la estrategia electoral del gobierno popular, como Córdoba o Santa Fe, sino también en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, con un gobernador dócil –hasta ahora- a los dictados de la estrategia del gobierno popular.
La respuesta popular
Frente a esas cifras duras de la expansión agraria capital-intensiva, deformante sí y trabajo-excluyente y sin futuro en términos de patria grande, con todo el despliegue mediático de que son capaces de hacer gala los enemigos de siempre, qué se le ofrecía desde el campo popular, desde el otro modelo posible?
En términos de fuerzas productivas, poco. El capital concentrado en la industria, que lucía como aliado natural de un modelo industrial inclusivo, mostró rápidamente su caracter dependiente del exterior y prebendario: o sea con la mirada puesta más en las ventajas y beneficios que fluyen del Estado antes que en la reinversión de sus fuertes ganancias coyunturales. Sólo las Pymes, con toda su fragilidad y dependencia financiera respondieron como aliados naturales, pero necesitadas de tiempo y de una política de estado coherentemente planificada para su fomento y desarrollo en el corto, mediano y largo plazo
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Las columnas de desempleados y piqueteros liderados por D´Elía por un lado, y la clase trabajadora nucleada en la CGT de Moyano sí jugaron su peso relativo, orgánico y decidido con una concentración masiva de importancia, claramente encolumnadas en el apoyo al gobierno. No ocurrió lo mismo con otros sectores que siguieron a sus dirigentes jugados a la oposición justicialista. Tampoco lucieron las huestes de la CTA como puntales de este proyecto. Parte importante de sus bases y dirigentes privilegiaron su condición crítica de las limitaciones del kirchnerismo y fugaron hacia otras alternativas o mantuvieron una actitud prescindente y reservando sus energías en acciones reclamativas de reivindicaciones insatisfechas.
En el menú de logros del gobierno capaces de atraer al electorado hacia el modelo nacional y popular lucen varios aciertos que son fácilmente ponderables por un público iniciado y con cierto grado de formación política, con lo que ya estamos adelantando sus límites cuantitativos.
La polìtica del gobierno en materia de derechos humanos no ha podido ser esmerilada por el complejo mediático a disposición de la oposición, pero entonces volcaron toda su energía en potenciar otra demanda insatisfecha que sí conviene a sus intereses: la inseguridad. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos jugaron decididamente su apoyo al gobierno. Sin embargo, pareciera que el tema de los derechos humanos constituye ahora una “demanda satisfecha” para un gran sector de la población, perdiendo su importancia en el reclamo social y con ello su gravitación electoral.
También contamos a favor con una posición internacional independiente y soberana, latinoamericanista y solidaria con las mayorías populares. Impecable en todos los foros internacionales, con una decisión y audacia que no recordamos en nuestra historia. Pero este factor no parece ser suficientemente ponderado por nuestro pueblo, habida cuenta que el posicionamiento internacional menemista no atrajo en su momento la condena social que merecía. Este sentimiento nacionalista parece reclamar nutrientes más profundas que las disponibles desde hace varios años en el campo de la cultura y la educación popular.
La recuperación de Aerolíneas Argentinas, de empresas de servicios públicos privatizados y de las fábricas militares, de aviones y de explosivos, son pasos significativos hacia el modelo nacional y popular. Pero sabemos que transitamos los primeros pasos y que por tanto no pueden ser mostradas en su plenitud expansiva para lograr su visualización por una población que simultáneamente es sometida al sabotaje mediático por los intereses afectados.
La estatización de la administración de los fondos de las AFJP es otro paso audaz y gravitante en la misma dirección. Pero requiere tiempo y una aplicación directa hacia beneficios materiales, claramente perceptibles por los sectores beneficiados. La presencia de un representante de la ANSES en los directorios de las empresas en que se encuentran invertidos los fondos sólo gravitan en un público iniciado en el manejo de los recursos económicos.
Los beneficios jubilatorios acordados por el gobierno a los sectores más desamparados de la sociedad sí constituyen un factor de clara incidencia en la consideración ciudadana. Pero así y todo, el piso desde el que se parte para la recuperación de las jubilaciones es tan bajo que obliga a respetar la actitud de gran parte del electorado que depositó más en su voto la magnitud de sus aspiraciones que la medida de lo recibido, aunque sólo sea con este gobierno u otro que profundice la dirección actual que las pueda conseguir.
Respuestas mirando al 2011 y más allá.
¿Qué nos queda de lo dicho y pese a todo lo omitido y lo dado por supuesto? Que la respuesta popular parece más permeable a los datos duros de la economía que a los discursos, las vidrieras de los modelos o la proyección de realidades futuras. Incluso, a las políticas de alianzas. Cuando Perón hizo el 17 de Octubre la sustitución de importaciones ya había succionado del campo a las ciudades los contingentes de trabajadores no sindicalizados que llenaron la Plaza de Mayo y tanto Savio como Mosconi habían hecho lo suyo para que esas mayorías populares le pusieran contenido a la antinomia Braden o Perón.
Para mover las variables duras de la realidad apelamos a los reclamos permanentes de uno de los representantes más claros del pensamiento nacional, Enrique Lacolla, no por casualidad de las primeras voces acalladas por el complejo mediático durante el conflicto agrario.
“Una política estructural de crecimiento sólo puede ser determinada por la afectación de las áreas decisivas en las que se funda el poder de la oligarquía agroempresaria: el área fiscal, con una reforma tributaria que favorezca una distribución más equitativa de la renta y potencie al Estado para llevar adelante un programa de industrialización sistemático; y el ámbito financiero, donde hay que acotar la fuga de capitales en que se ha especializado la Citi porteña.” Un gobierno en la encrucijada. 11/07/09
“la amenaza de regresión socioeconómica que supone la actual situación no puede ser enfrentada sin un discurso esclarecedor y agresivo respecto de los problemas de fondo que aquejan al país. Entre ellos están la pésima distribución de la renta, fruto de la falta de una reforma fiscal progresiva; la carencia de una ley de comunicaciones audiovisuales que permita romper el monopolio de los grandes conglomerados de prensa, propaladores del discurso único del sistema; la necesidad de diseñar un proyecto de desarrollo a gran escala que haga hincapié en la industrialización y la potencie con la creación o la recuperación de una red caminera y ferroviaria; el fortalecimiento de las industrias para la defensa, abandonadas después de Malvinas y que tienen un efecto multiplicador en el campo tecnológico; la generación de una educación provista de elementos atractivos y capaces de dilucidar los problemas del país a partir de una comprensión realista de su historia, y una política sanitaria que llegue a todos los rincones de la nación”
El dilema de Cristina.25/07/09
Tanto Nestor Kirchner como Cristina Fernandez han dado muestras de la audacia necesaria para dar pasos importantes en esa dirección. Nuestra tarea no puede ser otra que apoyar y empujar a este gobierno desde la organización popular para que profundice y apure ese único camino posible. Abusando de Lacolla, este gobierno, “pese a sus errores y renuncios sigue siendo la única autoridad legalmente elegida y es asimismo depositario de una ideología que escapa al discurso único del mercado, para que asuma los deberes que impone la hora. Es mejor ser derrotado combatiendo que deshilacharse en una triste agonía. De una derrota se sale. De una abdicación no.
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//26 de Agosto, 2009 |
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invitado a las 14:51, en
Actualidad Local |
 La Fundación Ergon que administra los fondos de unos 160 trabajadores de las cooperativas tiene sus orígenes en el año 2006 relacionada con el sector político de Gumersindo Alonso -el Gumer-, quién tiene un currículo interesante: ex menemista, ex presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, ex DelaSotista, ex Kirchnerista y, actualmente, diputado nacional por el Frente Cívico que lidera Luís Juez.
En los últimos días tal fundación ha sido objeto de varias denuncias de cooperativistas: por un lado, que se queda con una fuerte porción del dinero que debería llegar a los trabajadores y, por el otro, que les hacían firmar cheques en blanco y que existirían irregularidades en los pagos a la Afip, la obra social y la ART. La cuestión surge por las denuncias publicas de 9 cooperativas a la Fundación Ergon por irregularidades en el manejo de fondos destinados a cooperativas sociales que están integradas por ex beneficiarios de planes sociales.
“En los últimos días se hizo público un cúmulo de rumores que circulaban desde hace tiempo: la Fundación Ergon se queda con el dinero de los trabajadores”, señalaron desde Unión por Córdoba.
Guillermo Natali, concejal de Unión por Córdoba, añadió que “con la denuncia pública de algunos integrantes de las cooperativas quedó claro que de los 1.250 ó 1.300 pesos que eroga el Estado local por cada trabajador, éste recibe sólo 700 pesos, con el resto se pagan impuestos, cargas sociales, seguro y lo que sobra queda como comisión para la fundación, de acuerdo con lo declarado por el tesorero de Ergon”.
El intendente Juan Jure difundió públicamente a través de una nota con el periodista del diario Puntal que ya no quiere intermediarios y que pondrá a disposición de los 160 trabajadores los recursos técnicos necesarios para que dejen de depender de una administradora que se queda con el 40 por ciento de sus ingresos.
“Son las cooperativas las que deben renunciar, pero yo le garantizo a la gente, que tiene cierto temor, que no se va a quedar sin trabajo. Además, nosotros les vamos a dar asesoramiento gratuito para que llegue a ellos la mayor cantidad posible de dinero”, aseguró el intendente.
- Hay cooperativistas que denuncian que Ergon se queda con mucha plata ¿Qué va a hacer el gobierno municipal?
- Lo que venimos haciendo es una política de desarrollo de cooperativas desde la propia Municipalidad. Las cooperativas organizadas desde el Estado vienen prestando servicios y lo están haciendo bien y vienen cobrando lo que tienen que cobrar. Lo que vamos a hacer con las demás es que, cuando vayan terminando los convenios, les ofrecemos el asesoramiento legal y administrativo del Estado de manera gratuita para que a la gente le lleguen los recursos, que se distribuyan entre todos y no vaya a las administradoras. Pero las cooperativas deben tomar la decisión. Nosotros les ponemos a disposición la estructura municipal para que no tengan costo. A mí, lo que más me importa es que a la gente le llegue la mayor cantidad posible de recursos.
- Pero es una fundación alonsista, un grupo político aliado a su gobierno.
- No hago ese análisis y no me interesa. Lo único que me importa es que a la gente le lleguen los recursos como corresponde y que los que en definitiva terminen ganando sean los que trabajan y no los que administran. Actualmente, nosotros estamos tomando contacto con las cooperativas para ofrecerles un asesoramiento gratuito y para que tomen distancia del administrador.
Primero, Paola Castagnino y Mercedes Rosales, que integraban la cooperativa Informática Riocuartense Ltda., se presentaron ante un abogado porque habían descubierto que tenían una fuerte deuda impositiva en la Afip y en la obra social. Además, aseguraron que les hacían firmar cheques en blanco porque eran presidenta y secretaria de la cooperativa.
Las mujeres denunciaron que Ergon cobraba 1.300 pesos por cada uno de los trabajadores y ellos, en sus bolsillos, sólo recibían 780. Hay casos en que el sueldo es inferior a los 700 pesos. Además se suma la denuncia de Lorena Coria que aparecía como tesorera en Mantenimiento y Construcción de Río Cuarto Ltda.
También señaló que le hacían firmar cheques en blanco pero que jamás realizó ninguna otra tarea relacionada con su cargo administrativo. Coria presentará una demanda porque tuvo un accidente laboral y la ART contratada por Ergon no le dio cobertura.
El coordinador de los proyectos de cooperativismo en el gobierno municipal, Ricardo Carrera, quien cuestionó el manejo que la Fundación Ergon está haciendo de las 9 cooperativas que tiene a su cargo y criticó los gastos que les hacen pagar a las personas que están en su órbita.
- ¿Cómo ve esta controversia que se ha generado por Ergon, los 1.250 pesos que pone la Municipalidad por cada persona que integra una cooperativa y los 700 pesos que terminan llegando a la gente?
- Creo que es algo que no debiera ser. Apuesto a este movimiento histórico, social y económico que es el cooperativismo y que apunta a la promoción de la persona y a un crecimiento de esa persona. El objetivo es que esas personas salgan de una situación precaria. Las cooperativas tienen una vida interna que se da a través de la participación. Hay representación, un consejo de administración, presidentes, secretarios y tesoreros. Hay asamblea, que es el órgano superior, y elecciones. Esto se tiene que cumplir.
- ¿No se cumplía en este caso?
- No conozco los datos pero sí quiero decir que si hay una participación plena, no figurada, todos estos temas que hoy salen a la luz debieron conocerlos todos y las resoluciones ser tomadas entre todos. Si hay un profesional que los está asesorando, se supone que se debe ser elegido por los cooperativistas. También, ese asesoramiento debe ser permanente al principio pero luego la toma de decisiones la deben hacer los mismos socios y, después, cuando van conociendo cómo funciona una cooperativa, las consultas deben ser puntuales.
Lo sabemos en todas las instituciones: el contador es el que está habilitado para la firma de los balances pero eso es una vez al año. Nosotros, desde el Municipio, estamos dándoles capacitación.
- ¿Cómo toma que llegue tan poca plata a la gente? ¿Son excesivos los gastos que declara Ergon?
- Tengo entendido que el costo del mantemiento de una cuenta bancaria lo podes hacer a través de una caja de ahorro. Quizás, una cuenta corriente, que es mayor, sea para la cooperativa pero no para cada uno de los integrantes. También existe el monotributo social, que tiene un costo mucho menor. Estamos hablando de 38 pesos contra más de 100 que les cobran actualmente. Si nos ponemos a ver esos números, se van achicando. Si bien hay que hacer algunas erogaciones pero, en este caso, se tergiversa la figura del cooperativismo porque acá hay una dependencia muy fuerte cuando debiera apuntar a una autogestión.
- Parece una relación laboral..
- Claro, claro. En las cooperativas de trabajo no podes hablar de un sueldo; se habla de excedentes. Primero, de lo que conozco del movimiento cooperativo, no tengo noticias de una fundación que esté regenteando a cooperativas. Las cooperativas son figuras de organización de primer grado, que son éstas relacionadas con el Municipio, que pueden juntarse en una de segundo grado, que se llama federación, y en una tercera que es una confederación. Puede ser que, en su momento, nadie haya conocido el mecanismo pero me parece que la idea es de acompañamiento para que luego tomen las decisiones los cooperativistas.
- ¿Hoy no debería existir esa administración por fuera?
- Yo digo que no es necesario.
- El intendente dijo públicamente que el objetivo es que no haya administradoras y la plata vaya directamente a la gente ¿Se puede?
- Sí. Y fundamentalmente, acá estamos hablando de un dinero del Estado que no está llegando a los bolsillos a los que debería llegar.
Por otro lado, Federico Sosa, dirigente del Movimiento Libres del Sur en la ciudad y funcionario municipal del área social, planteó su posición con un comunicado de prensa:
“Desde el Movimiento Libres del Sur repudiamos absolutamente el manejo llevado adelante por la Fundación Ergon. No se puede seguir permitiendo que algunos vivos e inescrupulosos sigan haciendo negocios con las necesidades de nuestro pueblo. Es totalmente repudiable que esta fundación se esté quedando con gran parte de lo que el Estado destina para el pago de los 160 trabajadores de las cooperativas que están bajo su órbita”.
Hasta el momento los funcionarios alonsistas (Humberto Benedetto y Osvaldo Córdoba, los concejales Juan Carlos Daita y Lucía Aliberto y la tribuna de cuentas Graciela Gaumet) han negado cualquier vinculación con la fundación.
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//26 de Agosto, 2009 |
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invitado a las 14:49, en
Politica Nacional |
 Varias de las principales figuras del Gobierno sienten que están empezando a alejarse de a poco del incómodo lugar donde los dejó el resultado electoral del 28 de junio. No saben bien hasta dónde llegarán o para qué les alcanzará en términos de rédito político, pero de distintas formas expresan que deberán mantener la iniciativa política y gestionar con la mayor eficacia posible los dos años que les quedan de gobierno. En ese remar contra la corriente –que según el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no es sobre agua sino sobre un mar espeso como dulce de leche–, el Gobierno cree que se fortalecerá. Pero hoy nadie se atreve a pronosticar si el resultado les permitirá presentar un candidato propio con chances electorales en 2011 o, al menos, sentarse con voz y voto en una mesa de discusión sobre candidaturas.
“La única que nos queda es meterle para adelante y hacer todo lo que podamos. Después veremos si recobramos popularidad dentro del mandato de Cristina. Si no, en el futuro tendremos el reconocimiento de la historia. Hicimos cambios trascendentales y, en materia económica, los números están ahí. No podrán ser desmentidos nunca”, le decía a Página/12 un muy alto funcionario de la Casa Rosada.
De todas maneras, en los últimos días en el Gobierno se percibe más entusiasmo por el futuro más o menos inmediato que por el futuro histórico. Y se apoyan en la interpretación de algunos componentes políticos.
Uno de ellos, es que en el Congreso se fueron muy pocos de las filas oficialistas, pese al mal resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y otros distritos importantes. El recuento de los legisladores que siguen siendo leales, más la capacidad de alianzas que se verificó en las sanciones de las leyes postelectorales, parecieron aliviar a la Presidenta. No sólo por el presente, sino pensando en la futura composición de los bloques en el Parlamento a partir del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pierda la mayoría propia pero siga siendo holgadamente la primera minoría.
Otro factor que mantiene satisfecha a Cristina Fernández, según dicen los que la tratan diariamente, es la capacidad de reacción de varios de sus funcionarios para generar iniciativas y mantener la ofensiva política. Los ejemplos van, por citar sólo hechos de los últimos días, desde la velocidad para intervenir en la crisis del fútbol, logrando que la televisación de los partidos sea gratuita, hasta el canje de los bonos atados a la inflación, que de ser exitoso le quitarán al Indec una mochila pesada para remontar la cuesta de la falta de credibilidad en la que cayó.
El tercer elemento que la Presidenta ve a favor del Gobierno y que ella misma había anticipado a sus colaboradores tras las elecciones es que, como ese día no surgió un claro ganador, las figuras de la oposición con chances razonables de ser candidatos presidenciales son muchas. Al menos cuentan seis: Mauricio Macri, Carlos Reutemann, Felipe Solá, Julio Cobos, Elisa Carrió y Hermes Binner. Aunque hacia 2011 vayan decantándose, este año y el que viene la multiplicidad de actores puede hacer que no siempre concentren fuerzas. No niegan en el Gobierno que algo similar vaya a ocurrir en su propio espacio, pero por ahora los potenciales candidatos no están en condiciones de enredarse en ninguna disputa de esa índole.
Un dato que muestra el cambio de ánimo en la Casa Rosada es que el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual, que muchos íntimamente daban como batalla perdida antes de las elecciones, ahora será enviado al Congreso, posiblemente el jueves, con esperanzas concretas de que se transforme en ley. “Una cosa era antes de las elecciones, donde los candidatos necesitaban de los medios que pudieran verse afectados por la ley, y otra cosa es ahora, con la elección presidencial por delante. Porque esta ley, más que los Kirchner, la van a disfrutar los futuros presidentes, que cuando les toque gobernar no van a estar cautivos de mega corporaciones mediáticas”, razonaba un alto funcionario.
De allí la frase más repetida por los funcionarios: “Todavía queda mucho por hacer”.
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//17 de Agosto, 2009 |
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invitado a las 11:51, en
Economia |
 Conforman la organización rural más grande del país, con 15 mil familias campesinas. Enfrentan a la Mesa de Enlace y apuestan a otro modelo agropecuario. “Que la Mesa de Enlace hable de pobreza es como Videla hablando de democracia”, ironizan. Crían animales para autoconsumo y cosechan algodón, son arrieros y trabajadores de la vid, hacheros y productores de carbón. Poseedores ancestrales de parcelas donde trabajan y viven desde hace generaciones. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) está integrado por quince mil familias de siete provincias, la base de la pirámide rural, hombres y mujeres que les ponen el cuerpo a los trabajos duros del campo, manos curtidas e ideas claras. “No sembramos soja, no entendemos la tierra como un negocio, no somos ricachones que explotan a trabajadores rurales. Quizá por eso los medios de comunicación y la clase política no nos llaman ‘campo’”, resumen. En la vereda de enfrente de la Mesa de Enlace, paradójicamente también son excluidos por el Gobierno: “La soberanía alimentaria que practicamos es contraria al modelo de agronegocios actual”. Advierten que una baja en las retenciones de soja traerá aparejado un avance del monocultivo y consideran “cínico” que la Sociedad Rural se refiera a la pobreza. Tres integrantes del MNCI –Diego Montón, Ramiro Fresneda y Ariel Méndez– apuntan al reclamo de fondo: un cambio de modelo agrario.
–¿Por qué gran parte de la sociedad urbana utilizan Mesa de Enlace como sinónimo de campo y se olvidan del sector campesino?
Diego Montón: –La Mesa de Enlace representa principalmente a empresarios y corporaciones que se benefician de la alta concentración que existe de la tierra, los bienes naturales y los mercados. Para ellos, propiedad privada y ganancia desmedida son los principales pilares de una sociedad. Para ellos, la tierra es una mercancía más. El verdadero campo no tiene nada que ver con eso: la tierra, la naturaleza y las familias campesinas son vida, solidaridad y trabajo.
Ramiro Fresneda: –Actualmente, la verdadera población rural está siendo avasallada por la Mesa de Enlace, el agronegocio, que intenta despojarnos de la tierra y los medios para producirla. Invierten mucho dinero en crear esa falsa imagen de que son campechanos y laburadores, pero es todo un cascarón armado junto con los medios de comunicación.
Ariel Méndez: –Históricamente, los sectores agropecuarios se agremian alrededor de organizaciones que los representan en su carácter productivo y clasista. Las organizaciones que componen la Mesa de Enlace representan a sectores altos y medios de la burguesía agraria. No somos parte de ese campo con soja, superávit y dirigentes ricachones nucleados en entidades tradicionales que nunca han metido las manos en la tierra y que explotan a nuestros compañeros.
–¿Por qué permanece la idea que Federación Agraria representa a pequeños productores?
D. M.: –FAA invierte mucho dinero en los medios para generar esa idea, que es falsa. Si Eduardo Buzzi es pequeño productor, ¿qué es doña Ramona Bustamante, en Córdoba, con sus pocas hectáreas, escasa agua y pocos animales?
R. F.: –En algún momento habría que definir claramente a qué se le llama “pequeño” productor. Como lo entiende el sector campesino, FAA está desde hace tiempo compuesto por medianos y grandes empresarios del agro. Sería importante que algún periodista le pregunte a Buzzi o De Angeli cuánto dinero ganan al año, quizás ahí sabremos qué tan pequeños productores son.
A. M.: –En la década del ’90, los productores de FAA que no se sojizaron desaparecieron y la entidad no hizo nada por ellos. Además, la entidad no dice que sus afiliados, con la complicidad del sistema político y jurídico, desalojan campesinos. Además, esos empresarios no cosechan alimentos en beneficio del pueblo, producen forrajes para la especulación en el mercado externo.
–Cuando comenzó la pelea por la Resolución 125, ustedes señalaron que Mesa de Enlace y Gobierno eran socios que se estaban peleando por una porción de la torta y que en algún momento arreglarán. ¿Cómo lo ven hoy?
D. M.: –Siempre dijimos que apoyamos la política de retenciones, pero eso es insuficiente. Es claro que no hay política para el campesinado, para el indígena, que somos los sujetos que podemos cambiar la lógica productiva.
A. M.: –La Secretaría de Agricultura está hecha a medida de la Mesa de Enlace y estos empresarios reciben millones de pesos de subsidios, mientras que los campesinos y agricultores familiares apenas ven migajas que en total no llegan al 5 por ciento del presupuesto total.
–¿La pelea es por la rentabilidad?
D. M.: –Es económica e ideológica. La rentabilidad de la soja es enorme, aun con retenciones y gastos de producción. Los agroempresarios ganan muchísimo dinero. Sería cuestión de ir a ver cómo viven estos señores y las propiedades que tienen. Pero es también una lucha ideológica porque el modelo de agronegocios no acepta que un Estado actúe regulando la economía ni acepta retenciones ni regulación de exportaciones, que son tibias maneras de intervenir el mercado.
R. F.: –Para el modelo de agronegocios, la única intervención posible es el subsidio a las empresas; el resto es una herejía y por eso combaten con tanta belicosidad.
–¿Si se bajan las retenciones habrá más sojización?
D. M.: –Sin duda. Bajar las retenciones es dar una ganancia tan exagerada que todos los empresarios van a querer producir más soja.
R. F.: –Es una relación simple y directa: si bajan las retenciones, aumentan las hectáreas con soja, los desmontes y la contaminación y baja el trabajo genuino.
A. M.: –Avanzarán sobre otros cultivos, lo que llevará al aumento de precios de los alimentos.
–¿Qué les significa escuchar a la Mesa de Enlace hablar de pobreza?
D. M.: –Hipocresía y arrogancia. Que la Mesa de Enlace hable de pobreza es como Videla hablando de democracia. No se puede hablar del hambre y tirar la leche, desabastecer a la población de alimentos y sólo pensar en su gran rentabilidad
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//17 de Agosto, 2009 |
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invitado a las 10:36, en
General |
 Se cultiva en grandes extensiones de tierra que eran bosques, chacras o pequeños huertos. Utiliza máquinas especializadas y poca mano de obra. La soja es el cultivo de este siglo, un desierto verde que arrasa con pueblos, con pequeños productores y con el tejido rural tradicional.
Entre 2009 y 2010 la soja batirá todos sus récords en los países del MERCOSUR - AP
La cosecha de soja 2009/10 puede llegar a batir récords en la región del Mercosur. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, podrían incrementar dramáticamente su producción según el último número de la revista especializada Oil World.
La publicación señala que la Argentina podría alcanzar un récord de 52 millones de toneladas, por encima de los 32,2 millones de la campaña anterior.
En Brasil, la producción pronosticada llegará a poco más de 61 millones de toneladas, un 8% más que en la cosecha pasada. En Paraguay, el incremento sería de un 48% y en Uruguay la producción de soja aumentaría un 20%.
“Hay buenas probabilidades de que pueda lograrse un incremento extraordinario en la región”, escribe Oil World. Pero señala también que los pronósticos dependerán del clima y de otros factores.
SOJA TRANSGÉNICA
La soja ingresó a la región del MERCOSUR hace poco menos de 40 años y le fue ganando terreno rápidamente a cultivos tradicionales como el trigo y el maíz o inclusive a la ganadería. También pasó a ocupar importantes áreas forestales.
En estos países y en Estados Unidos, se cultiva y cosecha una semilla de soja modificada para resistir al glifosato, un poderoso herbicida. La propiedad de dicha semilla cae en manos de Monsanto, la más grande empresa dedicada a productos para la agricultura del mundo, y con fuerte presencia en Argentina y Brasil. Monsanto no sólo distribuye la semilla sino que también comercializa el glifosato. La empresa controla el 90% de las semillas transgénicas que se comercializan a nivel mundial y sus ganancias son multimillonarias.
Estados Unidos, Brasil Argentina y Paraguay son los principales productores de soja a nivel mundial y el uso de las semillas modificadas genera preocupación más allá de la región por los daños que puede causar al medioambiente.
La ONG española GRAIN constata en su revista Biodiversidad del mes de julio que las hectáreas de soja transgénica que se sembrarán en la próxima campaña en la Argentina representan más del 50% de la superficie agrícola del país.
La Argentina por otra parte, ha sido la punta de lanza de los transgénicos en la región.
“La soja transgénica a la que también llamaban la soja Maradona ingresó a Brasil desde el norte argentino entre el 2002 y el 2004. También llegó a Bolivia donde hoy se cultivan 2 millones de hectáreas. Con el país andino, la región supera la producción de soja de los Estados Unidos”, dice a Observador Global el ingeniero agrónomo y docente de la UBA Walter Pengue.
CONSECUENCIAS DRAMÁTICAS
La expansión sojera en la región tiene su contracara. En Brasil desplazó desde los años 70 a más 2.5 millones de personas solo en el estado de Paraná y más de medio millón en el estado de Rio Grande do Sul. Muchas de esas personas pasaron a engrosar la larga lista de los Sin Tierra en el país. En la Argentina desde su introducción, la soja produjo la desaparición de 60.000 establecimientos agropecuarios solo en la región pampeana. La soja paraguaya en tanto, se sembró sobre más del 25% de las tierras agrícolas.
“La expansión se produce de manera drástica afectando directamente a los bosques y otros hábitats relevantes. En Paraguay una porción de la selva paranaense fue deforestada, en Argentina en la provincia de Chaco, más de cien mil hectáreas de bosques fueron desmontadas para la producción de soja” señala Walter Pengue.
Los buenos precios internacionales y la demanda de las naciones importadoras especialmente de China, que se ha convertido en el mayor importador de soja y sus derivados impulsó el desarrollo del cultivo en el MERCOSUR y la tendencia sojera a la expansión está lejos de detenerse.
Según Walter Pengue la demanda de soja seguirá aumentando en países como China y la India. También aumentará la demanda de soja para la producción de biodiesel especialmente en la Unión Europea. El cambio climático también habla a favor de la soja que no sería tan afectada como el trigo y el maíz.
Finalmente están los costos. Según Walter Pengue, un agricultor argentino, incluyendo las retenciones, y aún con precios relativamente bajos de los commodities, obtiene más ingresos produciendo soja que cualquier otro cultivo alternativo a ésta. Esa, asegura el investigador, es la explicación de que la superficie cultivada con soja crezca año tras año dejando atrás a los demás cultivos.
La soja es como un desierto verde que avanza y se expande cambiando geografías y amenazando la estabilidad socio-ambiental. Cuando la soja llegó a la región desde Asia lo hizo sin generar mucho revuelo. Hoy por el contrario se ha transformado en un cultivo dominante y colonizador de nuevos territorios.
El monocultivo del Siglo XXI
La soja o soya pertenece a la familia de las leguminosas. Tiene un alto contenido de aceite y proteína. El grano de soja y sus subproductos principalmente el aceite y la harina de soja, se utilizan en la alimentación humana y en al alimentación del ganado. La especie es originaria de China y su nombre (soy) proviene del Japón. El monocultivo de soja acarrea desequilibrios ecológicos y económicos si se mantiene prolongadamente y en grandes extensiones.*
En paralelo con la irrupción de la soja se ha dado un proceso de concentración agrícola. Empresas alimenticias como Cargill, ADM, Bunge, Toepfer y Dreyfus, operan y se expanden tanto en el norte como en el sur de la región. En Argentina por ejemplo las cinco compañías exportan el 78% del trigo, 79% del maíz, 71% de la harina de soja, 95% del aceite de soja y el 99% del girasol. **
* INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
** Agricultura industrial y transnacionalización en America latina. Walter Pengue
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//15 de Agosto, 2009 |
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invitado a las 10:26, en
Politica Nacional |
 Escribe Humberto Tumini-MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
Días pasados destacados periodistas del diario Página 12 planteaban en sus columnas que, mas allá de las diferencias que pudiéramos tener con el kirchnerismo, los sectores progresistas debíamos defender al gobierno de la ofensiva destituyente que despliega la derecha argentina. Por cierto no es esta -la de si defendemos o no al gobierno del ataque- una cuestión menor, por lo que conviene analizarla seriamente.
Para empezar, digamos que pocas dudas caben de que hay sectores que trabajan sostenidamente, en particular después del 28 de junio pasado, para que Cristina Kirchner se vaya antes de tiempo. Es vox populi que encabeza esa estrategia la Mesa de Enlace, dirigida de hecho por la Sociedad Rural; y no se priva de señalarlo abiertamente en sus discursos Biolcatti. También podemos incluir en la lista políticos como Mauricio Macri y Elisa Carrió, seguramente a una parte -al menos- de la cúpula eclesiástica, y así sucesivamente. Alguna mano extranjera difícil que no haya en el tema, a juzgar por la historia.
La estrategia principal que despliegan, tiene la forma de pinza: por un lado exigen la baja de las retenciones y de otros impuestos, como también concesiones a los sectores mas concentrados y que se pague deuda; por el otro, de golpe se acordaron de la pobreza y se transformaron en adalides de que se tomen medidas como el subsidio universal por hijo, que de larga data pedimos los sectores populares. En buen romance: en un período de dificultades por la crisis económica internacional y el freno productivo interno, pretenden que el gobierno deje de percibir por un lado y gaste más por el otro. Si cede y aparece el déficit fiscal, se viene entonces el apriete para que se ajusten los gastos del Estado, etc.
El ámbito principal de esta batalla es el Congreso -no el único- habida cuenta de la debilidad en que ha quedado allí el oficialismo y de la capacidad de presión de la derecha sobre senadores y diputados.
Perfecto, hacia allí se dirige entonces la reacción con objetivos destituyentes. ¿Qué hacemos las fuerzas populares y progresistas? Parecería una verdad de Perogrullo que se debe defender al gobierno de semejantes trogloditas que van por él. Sin embargo lejos está de ser tan sencilla la cuestión. Ya que si bien uno puede decir que la derecha viene por lo bueno que ha hecho el kirchnerismo, también se debe agregar que este ha hecho y hace tantas cosas mal que se hace indefendible ante la mayoría de nuestro pueblo, que de él ha tomado clara distancia.
No se deja ayudar demasiado este gobierno. Veamos sino algunos ejemplos: mete un semejante tarifazo y Aníbal Fernández dice graciosamente "El que tiene que pagar, que pague. Me traje fotos de las casas de muchos que se quejan y da vergüenza ajena: gente con mansiones espectaculares que reclaman porque les aumentó el gas". Sin palabras. Sostiene el oficialismo que encarna un proyecto nacional y productivo, y sube de Ministro de Economía a uno del CEMA que se las pasa diciendo que el problema principal del país es volver al mercado de crédito internacional (léase FMI). Criticaron la corrupción en otras administraciones, y recién lo sacaron a Jaime cuando se hacía insostenible su situación en la justicia. Le echó la culpa Kirchner de su derrota a la “vieja política”, y cada vez que reaparece lo hace acompañado de los conspicuos representantes de esta casta que todavía se alinean con él.
Y tenemos que poner la cara para defenderlo. No, no es nada fácil. Una cosa es lo que hizo hace tiempo y otra lo que hace ahora. Aun así vamos a ser claros: este gobierno debe, como corresponde, terminar su mandato en el 2011. No aceptaremos las presiones y maniobras de la reacción para impedirlo.
Pero, como reza el dicho: “hasta aquí llegó nuestro amor”. No estamos de acuerdo con las exigencias para que se disminuya la presión impositiva sobre los sectores mas concentrados, incluyendo en primer lugar las retenciones. Vamos a enfrentar a la derecha en esto, como siempre. Pero también vamos a criticar fuerte al gobierno si cede. Hay que abordar el problema de la pobreza con medidas concretas que hace tiempo venimos planteando, y vamos a confrontar al gobierno si no las toma. Tampoco le vamos a aceptar que, haciéndose cargo de las recetas del establishment, lleve adelante ajustes sobre los gastos públicos que recaigan sobre los sectores populares. El tarifazo en luz y gas tiene mucho de eso, aunque digan que no.
No le vamos a dar superpoderes, ni aprobar leyes delegadas a libro cerrado. Y le vamos a discutir el presupuesto. De la misma manera que los vamos a apoyar cuando tomen decisiones correctas como el viaje de Cristina para defender a Zelaya; o si llevan la nueva Ley de Radiodifusión al Congreso, lo que está por verse.
Camino autónomo el nuestro, el de las fuerzas progresistas, en dirección a reconstruir una opción nacional y popular de peso político y social.
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