Escribe Salvador Trever*
Los tiempos que corren en el mundo son de enorme gravedad y sería un verdadero atentado poner por sobre los intereses de toda la población los de un sector que no se resigna a tener un año malo o menos rentable.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades representativas del campo es, sin lugar a dudas, un enfrentamiento que en el fondo busca dirimir de manera definitiva el destino futuro de una parte de las ganancias que arroja el cultivo de soja. Los representantes del agro seguramente han evaluado que el primero está debilitado y por ello acentuaron su presión como nunca antes lo habían hecho.
Debe tenerse muy en cuenta que al inicio de marzo de 2008 las perspectivas eran inmejorables, circunstancia que un bisoño ministro pretendió aprovechar para elevar la carga tributaria del sector que, salvo por vía de las retenciones, no está habituado a pagar impuestos. Prueba de ello es que su producto interno bruto (PIB) representa el 8,4 por ciento de la economía general, pero sus pagos al fisco nacional –sin tomarlas en cuenta– bajan al 4,8 por ciento, mientras que las contribuciones de seguridad social sobre el personal son aun más bajas (3,6 por ciento) debido a que el 69,7 por ciento permanece “en negro”.
Respecto de la jurisdicción provincial, la situación es semejante, pues el 40 por ciento de los propietarios de bienes rurales pagan el impuesto Inmobiliario, aunque el 60 por ciento no lo ha hecho en los últimos cinco años. Y eso que gozaron de buenos precios y mejores resultados...
La “estrella” del proceso productivo ha sido y sigue siendo la soja. Cabe advertir que 25 años atrás su producción era sólo de cuatro millones de toneladas. Desde entonces, su crecimiento fue verdaderamente explosivo. En la temporada 2001-2002 fue de 30 millones, con un aumento promedio de 1,37 millones por año transcurrido. En los siguientes seis (2003-2008) se agregaron otras 18 millones de toneladas, lo que elevó el citado promedio anual a tres millones.
Nadie puede suponer que ese avance se logró sin el incentivo de muy buenos beneficios. Es así como la superficie cubierta con soja pasó de 1,9 a 16,6 millones de hectáreas (2008); sobre un total de 31 millones que ocupan los cereales y oleaginosas, representa el 53,5 por ciento del área.
A su vez, de las 14,7 millones de hectáreas en que se amplió su cultivo, 8,5 millones corresponden a la extensión de la denominada “frontera agraria”, que significó incorporar campos inexplotados o dedicados al pastoreo y por talado de bosques; otras 2,6 millones que antes estaban sembradas con trigo –cereal que duplicó el rinde utilizando un área menor– y 3,6 millones que antes estaban afectadas a la cría de ganado vacuno.
En esta última actividad, obligó a modificar el proceso productivo, integrando cría e invernada para hacerlo en corrales, establos o avanzando sobre tierras marginales, lo cual permite dedicar las mejores superficies a la soja.
Todo esto sería muy bueno para los productores y el país si al cabo de 10 años, sin la debida rotación de cultivos, no se esterilizara la tierra. Evitarlo requiere una alternancia de siembras; pero no se hace. Allí, por lo tanto, hay una verdadera bomba de tiempo.
Grandes y pequeños propietarios. Un tema adicional, del que se habla muy poco, es la enorme diferencia que hay entre el número de “pequeños propietarios”, que ascienden a 288 mil (según el último censo nacional), mientras que cuando computamos “productores” sólo son 71 mil. Ello se explica porque 217 mil de aquéllos no laboran sus campos, sino que los arriendan y cobran el precio respectivo en una suma equivalente a cierto número de quintales por hectáreas (entre 12 y 20, según su calidad y rendimiento potencial).
Esta característica ha dado lugar al crecimiento de los denominados “pools de siembra” que, pese a constituir el 3,8 por ciento del total (alrededor de 2.800) concentran el 60 por ciento de la cosecha. El mayor de ellos –que opera en nuestro país, Uruguay y Paraguay– lo hace sobre 240 mil hectáreas, aunque sólo son dueños de alrededor de 15 mil.
Una cuarta parte de la soja la generan unos 64 mil propietarios, con un promedio de 1.900 quintales cada uno. Dado que este volumen les permite cubrir algo más que el nivel de supervivencia y reinversión necesaria, un gran número de este colectivo se “defiende” vendiéndola “en negro” a los “valijeros”, personajes que ofician de intermediarios con los más importantes acopiadores u operan por cuenta de éstos.
Dado que en esos casos no extienden comprobantes, el destino de esa producción se comercializa de la misma forma y, en alta medida, es objeto de contrabando a través de países fronterizos. Esta situación, sin admitirlo, es la que los lleva a rechazar que el Gobierno les haga reintegros, porque no pueden demostrar el volumen producido ni adónde va.
La existencia de derechos de exportación (retenciones) data de 1956 y tal mecanismo rigió siempre, salvo en la década de 1990. La política cambiaria, cualquiera haya sido el color político del gobierno de turno, optó por mantener una paridad “peso-dólar” bastante por encima de la que surgiría del libre juego de la oferta y demanda. Las fuertes presiones inflacionarias, que se agudizaron desde comienzos de 2008, llevaron a la conducción económica y al Banco Central a atenuar el ajuste de esa relación, por lo cual las retenciones determinaron un tipo de cambio efectivo más bajo.
A ello se sumó un gravísimo error de apreciación sobre la futura evolución que tendría la cotización internacional de la soja, que si bien superó los 600 dólares a principios de julio pasado, se redujo a casi la mitad, junto con todos los denominados “bienes commodities”, como consecuencia de la grave crisis mundial.
Si el stock disponible se hubiese vendido cuando cortaron rutas y el precio era muy alto –los líderes del sector optaron por impedir su comercialización y depositarla en silos– hubieran embolsado 2.500 millones de dólares más sobre su valor actual; al margen de 1.350 millones dólares que no recaudó el Gobierno por retenciones. Por lo visto, en los seis meses de conflicto nadie ganó...
Además, la sequía. Luego se agregó el efecto de la peor sequía ocurrida en las dos últimas décadas. Se estima que la producción de cereales y oleaginosos en 2008-2009 se reducirá 50 por ciento en trigo y maíz, y la soja será la que menos perderá (10 por ciento).
La insistencia de la Mesa de Enlace para que se eliminen o rebajen las retenciones de manera sustancial –descartada una vez más ayer por la Presidenta– encuentra a las finanzas nacionales en una difícil situación. La recaudación tributaria, en términos reales, descendió en forma notoria y se corre el riesgo de caer en un fatídico déficit presupuestario.
No es cierto, como alega el agro, que sin retenciones ellos harían el “milagro” de reactivar al país recuperando dichos ingresos por medio de los demás impuestos. Por lo pronto, su derogación en la exportación de trigo implicaría un automático incremento del precio interno del pan y los fideos, mientras que en el caso del maíz encarecería los alimentos balanceados que inciden en el costo de la carne aviar.
A su vez, las prometidas compensaciones a los tamberos, los subsidios a productores cárneos, de cultivos regionales y de zonas afectadas por la sequía brillan por su ausencia, demoradas por una burocracia morosa que funciona a paso de tortuga. Desde los niveles superiores deberían sacudirla con toda energía, ya que los funcionarios que “ponen la cara” en las negociaciones aparecen como los incumplidores.
Esta situación es una realidad, pero ello no justifica que los miembros de la Mesa de Enlace digan que es inútil negociar “porque no creen nada” de lo que ofrece el Gobierno. Esta aseveración es muy peligrosa, pues llevaría a sostener un conflicto permanente y medir fuerzas hasta que las autoridades aflojen o sean sustituidas por otras. Legalmente, esto sólo es posible en oportunidad de la renovación presidencial, en 2011, ya que la próxima elección parlamentaria no puede provocar un vuelco tan drástico como el que aspiran los quejosos. Y siempre estará el recurso del veto.
Pese al cuidado que ponen en no dar mayores explicaciones de lo que pretenden en esa materia, al propio presidente de la Federación Agraria Argentina, en el calor de las discusiones, se le “escapó” que el objetivo era “desgastar” al Gobierno. Si bien después trató de modificar y atenuar el significado de esa virtual confesión, es obvio que fue traicionado por lo que piensa en su fuero íntimo.
Opositores o saboteadores. Los tiempos que corren en el mundo son de enorme gravedad y sería un verdadero atentado poner por sobre los intereses de toda la población los de un sector que no se resigna a tener un año malo o menos rentable.
Quienes con tanta desaprensión arguyen esta engañosa “solución” no aportan ninguna precisión de cuáles serían los gastos que por valor equivalente deberían suprimirse; o, en su defecto, qué nuevos recursos tributarios sustituirían a los que propugnan eliminar para no desbalancear de manera peligrosa el equilibrio presupuestario.
En la dura emergencia que se vive hoy en el orbe, no hay lugar para los opositores sistemáticos que, quizá sin advertirlo por ser parte de su accionar, se han convertido en verdaderos saboteadores de la tranquilidad pública.
*Profesor de posgrado, Ciencias Económicas, UNC
