Fue una legislación claramente perversa que, con el pretexto de detener un proceso hiperinflacionario, estableció las bases para la destrucción de la independencia económica del país.
Hace 20 años, y en momentos en que la hiperinflación desatada por el golpe del mercado atacaba las bases mismas de la República, el ministro Domingo Cavallo lograba que el Parlamento sancionara una ley que en esencia fijaba el valor de nuestro peso en paridad total con el valor del dólar. Es decir, a partir de ese momento, un peso argentino se cotizaba a un dólar, con lo cual se instalaba la vigencia de una doble moneda para todo tipo de operaciones económicas.
A la luz de la experiencia de once años de aplicación de dicha norma, podemos analizar objetivamente el proceso de creación, auge y decadencia de la medida, resaltando algunas de sus consecuencias:
1. La sanción de la Ley de Convertibilidad tuvo un primer efecto: detener drásticamente el proceso inflacionario que estaba instalado en el país.
2. La Argentina simultáneamente renunciaba a tener política cambiaria y condenaba a su moneda a una constante apreciación. Esta circunstancia favoreció a una permanente fuga de capitales.
3. La consecuencia inmediata de esta política significó el abaratamiento en el mercado interno de las importaciones y el encarecimiento de la producción local, restando, en consecuencia, competitividad en el mercado internacional.
4. La apertura indiscriminada de nuestro mercado a la producción extranjera, junto con la convertibilidad, fue la bomba neutrónica que destruyó la producción nacional con el consecuente cierre de millares de empresas pequeñas y medianas, e inclusive algunas grandes.
5. Otra consecuencia natural de estas medidas fue entonces el incremento del desempleo, la subocupación, la pobreza y la indigencia, simultáneamente al aumento de los quebrantos fiscal y externo.
6. Obviamente, estos deficits se financiaron con un creciente endeudamiento externo.
7. La imposibilidad de atender la deuda externa obligó al país a aceptar la tutela financiera del Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo que se iban cumpliendo, puntualmente, los criterios básicos del Consenso de Washington.
8. La venta a precios irrisorios de los activos principales del país y la privatización de los servicios públicos fueron la natural derivación de la política establecida.
9. El FMI, en su carácter de cómplice del proceso de endeudamiento, llegó a elaborar documentos forzando argumentos y datos, con el objetivo de justificar continuas refinanciaciones, al extremo de convalidar el vergonzoso y sospechado megacanje que el mismo Cavallo, esta vez en su carácter de ministro de otro gobierno, el del Dr. De la Rúa, llevara a cabo.
10. Por último, el proceso culminó el 6 de enero de 2002, cuando la ley fue derogada por el gobierno provisional del Dr. Duhalde, aunque sus principios ya habían sido quebrados el 3 de diciembre de 2001 por el propio Cavallo, con las limitaciones bancarias establecidas y conocidas bajo el nombre de “Corralito”.
Hoy, a 20 años de su establecimiento y a nueve de su derogación, podemos reconocer la inteligencia de sus autores al disponer una legislación claramente perversa que, con el pretexto de detener un proceso hiperinflacionario, estableció las bases para la destrucción de la independencia económica del país, completó la instalación de un modelo de crecimiento basado en la renta financiera, y terminó en una recesión que nos llevó a una crisis muy dolorosa, que provocó el estallido popular (con costo de vidas humanas) que generó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.
La rebelión popular de finales de 2001 creó las condiciones de posibilidad para encarar un cambio de modelo económico y recuperó para la ciudadanía la esperanza de un futuro promisorio.
