*escribe Víctor Ego Ducrot
El gobierno argentino trabaja para que el Congreso convierta en ley su proyecto sobre servicios de comunicación audiovisual, en reemplazo de la norma de la dictadura. El enemigo contraataca.
¿Viejos centuriones romanos? ¿Paramilitares de la palabra? ¿Terroristas de la imagen? Ya tienen su general o mariscal de campo. Se llama Grupo Clarín y está dispuesto a todo, si acaso a la guerra sucia, para impedir que de una vez por todas los argentinos cuenten con un marco jurídico pluralista y antimonopólico, que regule lo que es de patrimonio público –las frecuencias de radio y televisión- y garantice el derecho de los individuos y de la sociedad a informar y estar informados.
En sus puntos sobresalientes, el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado al Congreso esta semana por el Poder Ejecutivo, propone lo siguiente.
Darle nuevo marco legal al sector, hasta ahora regido regidos por la ley 22.285, heredada de la dictadura militar. La iniciativa apunta a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios e impulsa la creación de nuevos.
Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, pone límites a la concentración, fijados por cantidad de licencias y por tipo de medio.
Sólo se podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital.
Hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24). Hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda.
Quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.
Las licencias durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.
Las licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –la digitalización– un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
Los responsables de los medios deberán mantener una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario.
Para ser titular de una licencia se evaluarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto.
El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Hasta ahora sólo se preveía a Canal 7 como empresa comercial.)
Se creará la sociedad de Estado Radio y Televisión Argentina, que tendrá a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado.
Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones. Ya no tendrán obligación de constituir sociedades comerciales.
La televisión abierta y el cable deberán emitir cine nacional. Como mínimo tendrán que difundir en estreno televisivo seis películas al año.
Podrán “optar por incluir en la misma cantidad, hasta dos telefilms, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes”.
Se le exigirá a la TV además que el 60 por ciento de su producción sea nacional.
Las radios deberán emitir un mínimo de setenta por ciento de producción nacional. Por lo menos el treinta por ciento de la música deberá ser de autores o intérpretes argentinos.
Los derechos exclusivos de transmisión del fútbol no deberán perjudicar el derecho de los ciudadanos a seguir los partidos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional. Para esto, la Secretaría de Medios de Comunicación realizará un listado anual de los acontecimientos deportivos de interés general, que serán de acceso universal.
Los criterios para elaborar el listado serán tres: “Que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión abierta, que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión y que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.
El tiempo de publicidad en la televisión paga estará reglamentado.
Habrá medidas parafiscales para desalentar la inversión de publicidad en el exterior del país, tales como hacen otros estados como Canadá. Por ejemplo, no se permitirá deducir del impuesto a las ganancias lo invertido en publicidad en el extranjero.
Las entidades sin fines de lucro podrán tener licencias de radiodifusión (la ley de la dictadura sólo concebía a la radiodifusión como una actividad comercial. En el año 2005 el Congreso permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias, pero con restricciones). La nueva ley reservará el 33 por ciento del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro.
Se promoverá la regularización de los medios comunitarios.
En relación con el triple play (la posibilidad de dar los servicios de Internet, teléfono y cable en un mismo soporte), las empresas telefónicas podrán hacerlo cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos demostrar que el 70 por ciento de su capital es de origen argentino.
El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la Legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría, y representantes del Poder Ejecutivo nacional.
El Proyecto establece un año de plazo para que las empresas se adecuen a la nueva legislación.
La iniciativa gubernamental ingresó al Congreso el jueves de la semana pasada. El Grupo Clarín puso a todos sus medios y “periodistas estrellas” en la primera línea de combate contra el gobierno nacional. A minutos de conocerse la decisión oficial de llevar la cuestión al congreso, en su título central de portada, el diario calificó a la iniciativa de proyecto de “control de medios”, fijando así las bases discursivos de su ofensiva.
A partir de ese momento, las páginas impresas y electrónicas de Clarín, las pantallas de los canales TV 13 (de aire) y TN (de noticias por cable) y los micrófonos de Mitre (radio), como así también su red de medios diseminados por el todo el país, cumplieron la orden al pie de la letra y a todos les falto espacios y tiempos para criticar, denunciar, fustigar y descalificar al gobierno, respecto del tema que fuere.
El jueves último, mientras la comisión especializada de la Cámara de Diputados comenzaba la discusión pendiente desde hace casi 30 años, el Grupo Clarín emitió un duro comunicado antigubernamental –acusando al Ejecutivo de “ilegal”- debido a que el órgano competente del Estado (el COMFER) rechazó por monopólico el acuerdo de fusión entre las empresas de TV por cable Multicanal y Cablevisión, un intento del propio Grupo Clarín de adueñarse del segmento mayoritario del mercado.
En varios de su estudios difundidos durante los últimos 12 meses, el Observatorio de Medios de Argentina (ver elobservatoriodemediosdeargentina.blogspot.com y www.pecyp.com.ar) alertaron sobre las técnicas utilizadas por el Grupo Clarín y otras corporaciones mediáticas para descalificar al gobierno y al Estado, en campañas que, como la desplegada en torno al conflicto entre éste y las patronales agropecuarias, bordearon los límites de la legalidad.
El gobierno nacional puso sobre el tapete un tema vital para el funcionamiento democrático del país: una ley que acabe con el marco jurídico que la dictadura le dio al uso de los espacios radioeléctricos, el mismo que le permitió al Grupo Clarín y a otras corporaciones consagrarse como dueños casi exclusivos de la palabra y las imágenes de los argentinos.
La derecha en sus más diversos pelajes –mediática, económica y política- comenzó a rugir como una fiera herida. Los bloques opositores en la Cámara de Diputados, con el fin de ganar tiempo, sostuvieron que el tema debe ser debatido durante dos meses en foros abiertos en todo el país, porque, sostuvieron, el tema amerita tal discusión.
Se trata de una maniobra de increíble hipocresía. Durante los últimos meses, y a iniciativa del COMFER, el proyecto de ley fue analizado y discutido en cientos de mesas redondas y encuentros realizados en todas las provincias, con la participación de universidades, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos e instituciones del más amplio espectro. Las corporaciones mediáticas y la derecha en general desconocieron, silenciaron o fustigaron esos debates.
En tanto, otros espacios políticos autoproclamados progresistas pero fervientes opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también salieron al cruce del proyecto de ley, con argumentos como que el mismo favorecería a otras empresas concentradas – a las de telecomunicaciones, por ejemplo – y otros que alertan sobre el peligro que implica el eventual no reconocimiento de tratos internacionales que protegen a las inversiones extranjeras. Es decir, una mezcla rara de señalamientos por izquierda y por derecha, un gesto siempre eterno de esos ámbitos, tendiente a desconocer la dimensión de lo político, con sus contradicciones y correlaciones de fuerzas reales.
Más allá de que la iniciativa gubernamental pueda y deba ser perfeccionada – para cortarle el paso a toda otra posible construcción monopólica que surja de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías- y de que muchos de sus puntos indudablemente quedaran sujetos al decreto de reglamentación que requiere la aplicación de la norma, lo cierto es que, el 3 de septiembre de 2009, el Congreso comenzó a tratar un tema que el sistema democrático había dejado pendiente.
*director de la Agencia Periodistica del Mercosur y docente de la Facultad de Periodismo de la UNLP
