Escribe Cristian Carrillo
El FMI amenazo con sanciones a la Argentina si no acepta
las revisiones periódicas a su economia
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a presionar a la Argentina para que
acepte revisiones de sus cuentas públicas. El vicejefe del FMI, John Lipsky,
amenazó ayer con sanciones al país si no adhiere al artículo cuarto, el cual
plantea ese tipo de monitoreos. El Gobierno no permite intervenciones en la
política económica doméstica desde que canceló anticipadamente y en efectivo el
total de su deuda con el organismo. Pero el Fondo, que tras el desplome
financiero internacional quedó en una situación de evidente debilidad y
descrédito por su incapacidad de adaptarse a un nuevo contexto post-crisis,
intenta ahora recuperar protagonismo. En los países que quedaron más
vulnerables por la crisis logró imponer sus viejas recetas de ajuste. Con la Argentina no puede hacer
lo mismo, debido a que el país logró sobrepasar el vendaval sin demasiadas
dificultades y siguiendo una política exactamente contraria a la recomendada
por el Fondo. Éste, sin embargo, volvió a la carga exigiendo las revisiones
obligatorias del artículo cuarto. El cruce reaparece horas antes de que
comience la reunión anual del Fondo y el Banco Mundial, que se realizará a
partir de hoy en Washington.
El equipo económico viajó a Washington para participar en la
asamblea de ambos organismos. Los funcionarios arriban en un clima hostil para la Argentina, sobre todo
teniendo en cuenta que la discusión de este año volverá a ser la
representatividad de los emergentes en el FMI. Primero el Fondo difunde un
informe en el que pone en duda las estadísticas oficiales. Luego el número dos
de la entidad alertó sobre posibles sanciones si no acepta las revisiones que
establece el artículo cuarto del FMI. Fuentes oficiales descartaron la
posibilidad de reprimendas. “La membresía del Fondo implica obligaciones entre
las cuales están las consultas. Esta es una obligación hacia los otros
miembros, no hacia el staff. Por lo tanto, éste es un tema que deberá ser
abordado por los miembros en sus discusiones”, dijo Lipsky.
La última auditoría del organismo fue en septiembre de 2006.
Luego el país canceló toda su deuda con el Fondo utilizando su excedente de
reservas internacionales. La operación no buscó una ventaja financiera sino un
claro gesto político, tal como hizo meses después la administración Lula da
Silva. Esa cancelación anticipada permitió al país librarse de las recetas de
ajuste a las que se obligaba con cada acuerdo de refinanciación de la deuda con
el FMI. Desde 2007 a
la fecha, el Gobierno se resiste sistemáticamente a que el Fondo audite las
cuentas del país. Desde el Palacio de Hacienda incluso reconocían que hay lugar
para un acercamiento si el organismo da señales de cambio, algo con lo que se
especuló a partir del arribo de Dominique Strauss-Kahn al frente del FMI.
“Todos estamos esperando que la Argentina se sume al
grupo de países que tienen relaciones normales y consultas regulares con el
Fondo. Además, como miembro del G-20, también aceptó la obligación implícita de
revisiones financieras cada cinco años”, dijo Lipsky. Los dichos del ex
vicepresidente del JP Morgan Investment Bank surgen en respuesta a la negativa
del Gobierno de aceptar la injerencia del Fondo en la negociación de la deuda
con los acreedores del Club de París. El requisito de un acuerdo previo de
ajuste estructural con el Fondo tiene que ver con las necesidades financieras
de los países deudores, no obstante la Argentina no tiene previsto tomar un préstamo del
FMI para esta operación.
Como miembro del Fondo, el país tiene obligación de permitir
auditorías de sus cuentas. “No está en discusión si se aceptan o no las
revisiones, sino cómo se realizan. Los representantes del FMI no necesitan
venir en las habituales misiones en las que se reúnen con economistas de la
city y montan un show en torno de eso”, explicó el titular de la Comisión Nacional
de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. El funcionario sostuvo que la obligación
pasa porque el país remita los datos que se le solicitan en materia de sector
externo. “Pero el Fondo tiene una segunda intencionalidad: mostrar a la Argentina como el mal
alumno de la clase por no acatar sus reglas”, agregó Vanoli. Sin embargo el
país obtuvo mejores notas que los alumnos más aplicados. Esto es lo que más
molesta al FMI, porque ya no puede tener injerencia en la política interna
argentina.
La aplicación del artículo cuarto no es el problema; el
hecho de que el propio Fondo no cumpla con él, sí. “Los principios respetarán
el ordenamiento sociopolítico de los países miembro y en la aplicación de los
mismos el Fondo tendrá debidamente en cuenta las circunstancias de los socios”,
señala el texto de ese artículo. El FMI, en cambio, continúa con sus recetas
únicas para cualquier país que muestre dificultades.
Fuentes gubernamentales desestimaron las amenazas de Lipsky.
“No creemos que haya sanciones, son sólo presiones”, manifestó un
colaborador de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, quien
también integra el equipo económico que se encuentra en la capital
estadounidense. De todos modos, admite que existe el riesgo de que el país
pierda un lugar en el directorio del Fondo. Este año, los emergentes reflotarán
el pedido de tener el 50 por ciento de representatividad dentro del organismo.
El directorio tiene veinte lugares. Estados Unidos sólo está dispuesto a ceder
uno, y Europa nada.
