Por Horacio Vertbisky
El padre de la jueza que suspendió la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia que crearon el Fondo del Bicentenario y removieron al presidente del Banco Central es el coronel de Inteligencia del Ejército Luis Alberto Sarmiento, quien durante la última dictadura fue, entre cosas, jefe de Inteligencia y ministro de gobierno en Misiones, donde el fiscal general pidió hace ya cuatro años su procesamiento por participar en crímenes de lesa humanidad. La lentitud del proceso hizo que aún no haya sido llamado a indagatoria
Dos policías rosarinos señalaron a Sarmiento como el responsable de las torturas aplicadas a Angel Enrique Brandazza, de 23 años, integrante de la Unión Nacional de Estudiantes, que fue secuestrado por un comando conjunto de las policías provincial y federal, el Cuerpo de Ejército II y la Gendarmería, y torturado hasta morir en la sede del Comando, en Dorrego al 900 de Rosario. Según el médico Miguel Angel Hadad, Brandazza falleció allí a raíz de las torturas el 29 de noviembre de 1972, al día siguiente de su secuestro.
A raíz de este caso, Sarmiento debió pasar a retiro en diciembre de 1974. Terminada su carrera militar, se recicló en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ya entonces manejaban las Fuerzas Armadas. La conducía su compañero de promoción Otto Carlos Paladino. Quien lo hizo ingresar y se responsabilizó por él fue otro compañero de promoción, el coronel Eduardo Romeo San Emeterio, también oficial de Inteligencia, que había pasado a retiro en abril de ese mismo año. Ambos realizaron el curso de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, cuando eran mayores
Al producirse el golpe del 24 de marzo de 1976, Sarmiento cumplía funciones como jefe de Inteligencia en Posadas. Misiones era una de las seis provincias que dependían del Cuerpo de Ejército II y del coincidente Area de Seguridad II; de la Subzona 23, que correspondía a la Brigada de Infantería VII de Corrientes, y del área 232. Entre 1975 y 1976 el Cuerpo II fue comandado por otros dos compañeros de Sarmiento, Díaz Bessone y Galtieri; la Brigada de Corrientes por los generales Cristino Nicolaides y Cesario Angel Cardozo y el área 232 por los coroneles Juan A. Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco. Más de quince causas distintas se abrieron al concluir la dictadura para investigar noventa casos de secuestros, torturas y asesinatos. Paralizadas a raíz de las leyes de punto final y obediencia debida, pero en febrero de 2006 el fiscal general de Misiones, Guillermo Mario Negro, solicitó el procesamiento de Sarmiento y de otros diez militares y policías. El primero de la lista que integra el padre de la jueza es el general Cristino Nicolaides. En junio de 2006, el juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, pidió el legajo de Sarmiento y de otros dos coroneles al Ministerio de Defensa, que los envió de inmediato, en el expediente 3-3159/05, “Franzen, María Graciela, s/denuncia privación ilegítima de la libertad y torturas”.. El 25 de noviembre de 2006 el diario “El Territorio” de Posadas reprodujo una declaración del fiscal general Negro, según quien la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas y de la SIDE obedece al “macabro espíritu de cuerpo”.
El grupo de familia de la jueza se completa con su hermano Alejandro Luis Sarmiento, quien el 25 de octubre de 1976 presentó su solicitud de ingreso al Colegio Militar, en la que consta que su padre era ministro de Gobierno de Misiones. Dos años después, su hermana María José ingresó a la justicia. Integrante de la Promoción 111 del Ejército, egresó como subteniente en 1980, pero pasó a retiro con el grado de capitán el 31 de mayo de 1994, cuando María José era designada jueza por el presidente Carlos Menem. Gracias a las relaciones familiares con la justicia, Alejandro Luis llegó hasta el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un dato apenas curioso: uno de sus compañeros de promoción, José Luis D’Angelo Rodríguez, dirige la revista B-1, que considera presos políticos a los detenidos por haber participado en la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, reivindicada como una gesta heroica. El hijo de Eduardo Romeo San Emeterio, Eduardo Sinforiano San Emeterio, fue el defensor del capitán Juan Carlos De Marchi, también presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, quienes fueron condenados en la causa por los crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería de esa provincia. También defiende a Cecilia Pando, numen de B-1, por el gesto de degüello que dirigió a un funcionario del gobierno nacional el día que se conocieron las sentencias en aquel proceso.
El parentesco no es causal de recusación en un proceso de enorme importancia para el gobierno que impulsó el enjuiciamiento de aquellos crímenes, pero ayuda a entender el insólito comportamiento de la jueza María José Sarmiento, cuyo fallo instantáneo que ha puesto todo tipo de trabas a la apelación oficial y fue anunciado horas antes y con exactitud por el diario “La Nación”, “Supongo que esto pulveriza el mito de que manejamos la justicia”, dijo el jueves la presidente CFK., pero ningún medio lo publicó.
