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//12 de Julio, 2010 |
JUSTO, NECESARIO. y...POSIBLE |
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por
carlosfernandez a las 03:25, en
Politica Nacional |
 El aumento de los haberes jubilatorios al 82 % del salario mínimo, vital y móvil, es un reclamo absolutamente justo y para nada imposible de alcanzar. El hecho de que hoy esa propuesta es enarbolada por dirigentes que persiguen otros propósitos, más vinculados a perjudicar la gestión del gobierno nacional que a beneficiar a los jubilados, no puede ser motivo para descartar, o siquiera postergar, el necesario debate dirigido a concretar una medida que además de justa y necesaria es posible.
Es indispensable que en el Congreso se abra una discusión franca y responsable orientada a establecer, por Ley, el 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas, que si bien no es la panacea significa que el 72 por ciento de los jubilados pasarán de los actuales 895 a 1230 pesos de haber mensual. Una medida redistributiva como ésta, de enorme impacto económico y social y que cobra aún más importancia luego de que en Argentina se recuperó la discusión periódica sobre el salario mínimo, vital y móvil, no debe ser dejada pasar por alto sólo porque “se le ocurrió” primero a este o aquel. En todo caso, habrá que ver si quienes tuvieron la “ocurrencia” están dispuestos a aceptar la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos a 1993, poniendo especial cuidado en no impactar negativamente en las pequeñas y medianas empresas. Esos aportes fueron recortados durante la supremacía del paradigma neoliberal con el hipócrita argumento de que achicar los costos patronales favorecería el trabajo registrado, pero la realidad demostró que era solo una excusa para ampliar las ganancias de los empresarios generando mayor desigualdad: en 1993, el trabajo informal alcanzaba al 23,8 por ciento de la población económicamente activa, mientras que diez años después había llegado a casi el 60 por ciento. Restituir los aportes patronales, entonces, es condición ineludible para comenzar a hablar de un eventual aumento en los haberes jubilatorios, además de un reclamo que desde hace años vienen realizando legisladores y dirigentes sociales pertenecientes al campo popular.
Será necesario tambien que oficialismo y oposición consensuen el modo de avanzar sobre el trabajo en negro para ir reduciendo la persistente informalidad laboral, por cuanto además de revertir la situación de trabajadores y trabajadoras que hoy padecen la falta de cobertura social, permitiría incorporar más aportantes al sistema previsional. Al respecto, no estará de más hacer notar que desde la salida de la convertibilidad se ha avanzado en esa dirección, pues los aportantes pasaron de 5 millones en el primer trimestre de 2003, a casi 8,4 millones en el último trimestre de 2009, pero todavía más de un tercio de los trabajadores están “en negro”, y no precisamente para beneficio del sector laboral.
Además, y fundamentalmente, será prioritario reformar la Ley de Entidades Financieras y transformar, responsable, paulatina y progresivamente, la pirámide tributaria, de manera de eliminar privilegios injustos de los que gozan grupos económicos con altísima rentabilidad como el sector agroexportador, la especulación financiera, el juego y la minería, por nombrar sólo algunos, en el marco de ir construyendo una nueva matriz productiva y distributiva más justa.
Es cierto que los bloques legislativos que hoy impulsan la medida –compuestos por dirigentes de expresiones políticas que, cuando gobernaron y también desde funciones legislativas se encargaron de destruir el sistema previsional, vaciar la Anses y el PAMI, recortar los haberes jubilatorios y regalarles un jugoso negocio a los bancos a través de la creación de las AFJP– son los mismos que cada vez que pueden le niegan al país la posibilidad de consolidar un esquema tributario más justo, tal como quedó expresado en 2008 con el debate sobre las retenciones a las exportaciones de origen agropecuario. Pero el cinismo, la hipocresía y la especulación de esos dirigentes reunidos en el Congreso bajo la identificación de Grupo A, que solo buscan generar crisis política y social como las que produjeron a lo largo de la historia de nuestro país, no debería ser excusa ni mucho menos motivo para continuar negándole a millones de argentinos la posibilidad de sobrellevar un poco más dignamente los últimos años de su vida, más aun cuando ese reclamo, que ha sido bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo, encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, pues ahora se cuenta con un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el que había hace menos de una década, mejorando la recaudación y la gestión de la Anses y terminando con el negocio especulativo de las AFJP, además de haber ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que rondaron casi un 500 por ciento desde el 2003 y estableciendo por ley una actualización semestral de los haberes.
Dicho así, esto podría inducirnos a pensar que el Gobierno está en condiciones de promover esos cambios sin ampararse en falsos posibilismos, y que si no lo hace es simplemente por oponerse a la oposición. Sin embargo, aun cuando nadie podrá decir que la implementación de una medida como la que nos ocupa no sería justa, tambien es justo decir que, de formalizarse con la irresponsable premura que pretenden quienes durante medio siglo no sólo no han hecho nada al respecto sino que se han negado sistemáticamente a ello, el otorgamiento de un derecho a todas luces justo derivaría en un grave daño en el corto, mediano y largo plazo que afectará sobre todo a los sectores de menos recursos -incluidos los propios jubilados a los que se dice querer amparar con la medida- por cuanto si la puesta en marcha del aumento del 82 por ciento móvil en los haberes que perciben tres de cada cuatro jubilados, no fuera acompañada de una reforma tributaria que amplíe las fuentes de ingresos del Estado nacional, el perjuicio que se les causaría a las cuentas públicas sería inmenso y terminaría impactando en quienes menos tienen y más necesitan de las políticas públicas. Una medida económica y social positiva, implementada sin los adecuados instrumentos de financiamiento que la hagan factible y sustentable, es la antesala de una crisis fiscal, un escenario gravísimo para quienes menos tienen y un terreno fértil para que los sectores agroesportadores y las corporaciones económico-financieras vuelvan a consagrar sus privilegios.
La receta de la derecha siempre es la misma: Quitarle recursos al Estado y no tocar o ampliar todavía más los márgenes de ganancias de los grupos empresariales más enriquecidos. Para no quedar rehenes de quienes, mediante propuestas demagógicas, avanzan con el único objetivo de que Argentina retroceda, de que el país vuelva a la avenida del ajuste, del endeudamiento y de la profundización de la desigualdad, es necesario profundizar el rumbo iniciado en 2003 con medidas redistributivas como la Asignación Universal por Hijo, o ésta, que amplios sectores populares impulsan desde las convicciones y otros únicamente por una malsana especulación electoral en cuyo trasfondo subyace la voracidad económica. Por ello es necesario generar un debate amplio y democrático, exento de mezquindades y de falsos posibilismos o posturas irreductibles, a fin de hallar el modo de financiar y hacer sustentable una medida que, más allá de quien circunstancialmente la proponga, contiene en sí misma un hondo contenido social por sus características distributivas. Un debate profundo y participativo en el que tengan cabida las opiniones de actores sociales, económicos, académicos, representantes de organizaciones del sector y especialistas, similar al que se dio con leyes importantes como la de Servicios de Comunicación Audiovisuales, o como el que se está dando con la de matrimonio entre personas del mismo sexo.
Gobierno y oposición tienen la responsabilidad y la obligación de hacer realidad un sueño largamente acariciado por millones de argentinos. Cuántas manos, impulsadas por una auténtica sensibilidad social y verdadero patriotismo, se levantarán en el Congreso para aprobar las medidas necesarias para que los jubilados puedan vivir una poco más dignamente, es difícil predecirlo. Pero, y esto no es una simple metáfora, los señores legisladores tienen el asunto en sus manos. De ellos depende el resultado. |
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1 Comentario
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Comentarios (1) ·
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La nota me parece exelente, como todas las d caco. El gobierno debería decir si está de acuerdo o nó en aumentarle a los jubilados. A partir de alli discutir de dónde saldrá la plata.
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